La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al suspendido fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, según un comunicado difundido este jueves por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), parte de los peticionarios junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL).
La CIDH, que en 2021 emitió estas medidas de protección para el magistrado José Domingo Pérez ―también integrante del equipo fiscal—, advirtió de una situación de riesgo contra Vela, quien lidera el grupo que investiga el escándalo de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht y otras constructoras favorecidas en licitaciones de obras públicas en el país.
“Frente al contexto específico del presente asunto, la CIDH reitera el rol de las personas que ejercen función pública, especialmente de alto rango, a no contribuir a la creación de un ambiente de hostilidad, intolerancia o animadversión y, por lo contrario, adoptar pronunciamientos públicos que contrarresten estos hechos”, señala el organismo, citado por CEJIL.
La CIDH también hizo referencia a la suspensión de ocho meses y 15 días impuesta en octubre pasado por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público contra Vela a raíz de unas declaraciones emitidas en 2020, cuando cuestionó la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien está próxima a encarar un juicio oral por lavado de activos. El equipo que dirige el magistrado solicita contra la política 30 años y 10 meses de prisión.
En ese sentido, el organismo manifestó preocupación y “la posibilidad de que se le retire el esquema de protección que tendría”. Además, señaló que “dada la continuidad de los factores de riesgo en el marco del presente asunto, la Comisión considera que resulta necesaria la adopción inmediata de medidas que representen una respuesta integral frente a la naturaleza del riesgo”.
La Comisión recordó que, aunque los mecanismos de protección material tendientes a la protección frente a situaciones de riesgo son importantes, es necesario tomar en cuenta un enfoque integral y preventivo. Así, “no solo se deben prevenir las amenazas, ataques y represalias, sino que también se deben abordar sus causas”.
Sobre Domingo Pérez, la resolución señala que “existen elementos para considerar que la situación de riesgo continúa vigente, siendo necesario continuar y reforzar las acciones para la debida protección del beneficiario y su familia”. La CIDH indicó que la respuesta estatal no solo debe abarcar “medidas de seguridad, sino que incluyan medidas para atender las causas generadoras de riesgo valoradas por la CIDH en el momento del otorgamiento de las presentes medidas cautelares y en la mencionada Resolución”.
Entre otras acciones previstas por la Comisión en su Resolución se encuentran la emisión de mensajes institucionales de amparo y respaldo y la investigación de los hechos de riesgo que dieron origen a las medidas cautelares. Sobre este último punto, la CIDH enfatizó que “a más de dos años después del otorgamiento de las medidas cautelares, no se han identificado responsabilidades por los hechos alegados de modo que pueda analizarse si los elementos generadores de riesgo han sido mitigados o han desaparecido”.
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