Como presidente del Comité de Derechos Humanos del Interamerican Institute for Democracy, conjuntamente con Marcel Feraud, realizamos un viaje de trabajo Argentina del 18 al 25 de enero del presente año con el propósito de verificar in situ las denuncias recibidas sobre la violación de derechos humanos a ciudadanos de Santiago del Estero, que habrían sido despojados de sus tierras por funcionarios que ejercen poder político y judicial con el caso más notorio de Manuel Asencio Ardiles y su familia. El objetivo del viaje también incluyó el seguimiento de la situación de los militares presos políticos en Buenos Aires, continuando la gestión iniciada el 2016 en ocasión de la Feria del Libro.
En Santiago del Estero visitamos el día 20 de enero a Manuel Asencio Ardiles y su familia, en situación de absoluta miseria y la esposa expresó que desde mucho tiempo a la fecha no había podido comprar las medicinas para su esposo y pudimos ver el cuerpo vivo de Ardiles en estado de conciencia parcial e inhabilitado. El hombre que según versión de su abogado transitaba en bicicleta 20 kilómetros para consultarlo solo 5 meses atrás, estaba esquelético y prácticamente incapacitado.
Pudimos constatar las consecuencias objetivas del desalojo -que en su momento fue realizado por fuerza pública masiva con violencia y presión como lo informó la prensa- que la familia Ardiles sufrió al ser echados violentamente de su campo y vivienda de aproximadamente 30 hectáreas, con pérdida de su ganado y de sus bienes y ser recluidos en una pequeña y mísera casita que les proporcionaron los vecinos como caridad.
El caso fue explicado como una acción legal realizada por Federico López Alzogaray presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero y fue objeto de denuncias públicas y de prensa oportunamente, pero que no tuvieron el efecto de cesar el desalojo ni la condena de hecho a la miseria y a la muerte de la familia Ardiles. A los pocos días de nuestra visita, el día 23 de enero se reportó la muerte de Manuel Asencio Ardiles, su familia permanece en la miseria sin posibilidad de justicia.
El Interamerican Institute for Democracy está encargando un análisis jurídico del proceso, que incluirá los argumentos del Presidente del Superior Tribunal de Justicia que es quien como parte que ha causado toda esta situación.
Sin embargo -en mi opinión- por los hechos objetivos, la violación de los derechos humanos del fallecido Ardiles y su familia ha sido flagrante porque se los sometió y se los mantiene en situación de indefensión. El análisis de los expertos jurídicos podrá contribuir a establecer responsabilidades, pero el daño a la vida, la seguridad jurídica, el derecho al trabajo, la propiedad privada, la presunción de inocencia y otros derechos humanos es inocultable.
Realizamos visitas y reuniones a autoridades políticas, administrativas y judiciales de Santiago del Estero, las mismas que sirvieron para confirmar la situación de indefensión de la familia Ardiles y tomar conocimiento que este tipo de situaciones son muchas, repetitivas y extremas contra familias de esa Provincia.
Hay violación de derechos humanos en Santiago del Estero, tolerada y en ocasiones ejecutada por las autoridades, en una relación de impunidad de los poderosos e indefensión de los ciudadanos que no gozan de “estado de Derecho” y en los que se advierte miedo y sumisión.
La diferencia entre ciudadanos en democracia y vasallos en el feudalismo es la libertad, el estado de derecho y la separación e independencia de los poderes públicos que como elementos esenciales de la democracia, no se observan en los casos analizados en Santiago del Estero.
En Buenos Aires, dimos seguimiento a la situación de 2.623 ciudadanos argentinos que son presos por los procesos emergentes de la denominada guerra sucia, todos los presos son militares. Han fallecido 763 de los cuales 652 no tenían sentencia formal.
“Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional, en la Constitución Política, tratados internacionales y las leyes.
Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”
Esta cita que realicé en Buenos Aires fue complementada en la conferencia de prensa que ofrecimos el día 24 de Enero expresando que:
Tenemos importantes trabajos y hemos recogido y publicado en nuestro fondo editorial la opinión de autores, juristas y analistas argentinos que nos permite afirmar que “Argentina tiene presos políticos” por los que muy poco o nadie reclama porque sus verdugos han impuesto la narrativa de la vergüenza para los defensores de derechos humanos.
Nuestra presencia, las reuniones y entrevistas que hemos tenido en el ámbito de los presos políticos argentinos están destinadas a señalar esta anomalía atroz y pedir que cese el abuso contra personas que no han tenido igualdad jurídica y en consecuencia han sido privados del debido proceso legal y sometidos a la situación e indefensión.
Es vital que la democracia, los dirigentes, líderes políticos, sociales, sindicales y ciudadanos, así como las instituciones de la República Argentina atiendan un hecho que ya es reconocido públicamente e internacionalmente por la prensa y los expertos: hay una Argentina democrática y otra feudal por no decir dictatorial o no democrática. En la primera se respetan los derechos de los ciudadanos, en la segunda hay vasallos y presos políticos.
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