Las claves para salvar Doñana: ayudas a agricultores, combatir los pozos ilegales y reconversión de la tierra

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han anunciado un plan para el Parque Nacional de Doñana y han dado a conocer una estrategia para garantizar la sostenibilidad medioambiental de Doñana y a la vez dar prosperidad económica a la región. Una inyección extra de 356 millones de euros desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez servirán como primera piedra para frenar el proyecto diseñado por Juanma Moreno, presidente de la comunidad autónoma, que pretendía aumentar los regadíos, medida que iba a conllevar una mayor desertificación del terreno y que tras esta intervención del Gobierno queda borrado del mapa.

Los planes se suman a las inversiones ya anunciadas, de forma que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) de Teresa Ribera pondrá en Doñana alrededor de 700 millones de euros en los próximos años, inversión que también va acompañada por 700 millones de la Junta de Andalucía, muchos de ellos ya anunciados y repartidos en proyectos en vigor. Reconvertir los terrenos de los 14 condados de Huelva a los que se dirige la ayuda para reducir los regadíos, cerrar pozos ilegales que aumentan la sequía en Doñana y mejorar la calidad de las aguas del Parque son los pilares de este proyecto.

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Los catorce municipios se distribuyen en tres provincias: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, y Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). El 93% de la producción española de la fresa viene de estas regiones, un nutritivo negocio de regadío que sustenta la economía de la región. Saltar a los cultivos de secano será menos fructuoso para las empresas, de ahí que estas políticas den incentivos económicos para la búsqueda de nuevas fórmulas.

Ayudas por hectárea a los agricultores

El eje principal del problema en Doñana reside en la explotación de la tierra. La fórmula más beneficiosa para los agricultores es mediante el regadío, pero esto debilita la tierra y seca el parque natural. La proposición de ley daba más permisos para activar plantaciones de regadío y ese era el conflicto, que ha sido frenado por el ministerio de Teresa Ribera.

La principal inversión irá destinada a la reconversión de tierras para reducir los terrenos de regadío, especialmente el cultivo de frutos rojos (fresas, principalmente). La reforestación, la transformación de los cultivos de regadío en cultivos de secano y la creación de espacios para agricultura ecológica recibirán ayudas del MITECO y de la Junta de Andalucía, que podrán llegar hasta los 100.000 euros, según ha dicho Juanma Moreno en rueda de prensa. El acuerdo oficial, menos contundente, habla de ayudas de 7.000 euros por hectárea durante una década para las tierras renaturalizadas para uso forestal, que deberá mantenerse al menos 30 años. Habrá otra ayuda para quienes reconviertan sus tierras para la agricultura de secano.

“Se concederá una ayuda por hectárea para nuevas superficies agrarias dedicadas a cultivos de secano, por ejemplo: vid, olivos, o cultivos industriales (remolacha azucarera, girasol o colza entre otros), almendros u otros cultivos alternativos. La ayuda se concederá durante un período de 5 años, por un máximo de 2.500 euros por hectárea”, asegura el acuerdo. El tercer tipo de ayudas, enfocada para la reconversión hacia modelos de producción ecológicos, se sumará a las ayudas que ya otorga la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea y servirá de complemento. Durante un máximo de cinco años, se darán 1.000 euros por hectárea. De todo el montante, el Gobierno de España financiará el 70%, otro 20% a cargo de la Junta de Andalucía y el 10% será responsabilidad de la Diputación de Huelva. “Se trata de transformar la realidad agrícola de la zona”, aseguraba Teresa Ribera cuando se anunciaba el proyecto.

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Pozos ilegales y la calidad del agua

Tres de las cinco masas de agua que forman Doñana (Rocinas, Almonte y Marismas) han sido catalogadas como “en mal estado”. De esta forma, se destinarán de esta nueva partida un total de 7,8 millones de euros a reforzar el cierre de pozos ilegales. Además, se destinarán 156,2 millones de euros a otras iniciativas orientadas a disminuir las extracciones de dichas aguas. “Entre estas medidas destacan la sustitución de aguas subterráneas en La Rocina y en Los Hatos por aguas superficiales que permitirá recuperar el nivel de la masa de agua. En el entorno de Matalascañas, se aumentarán las fuentes alternativas de suministro para asegurar el abastecimiento del municipio, al tiempo que se limita el impacto sobre Doñana gracias a la reubicación de sondeos y la sustitución del suministro por aguas superficiales”, sostiene el MITECO. De ea partida, se destinarán 100 millones de euros para la “adquisición de terrenos con derechos para la recuperación de las masas de agua en la zona de Doñana”, según se puede leer en el Acuerdo Marco.

Gran parte de la inversión irá a parar a mejorar la calidad del agua que llega a Doñana. El plan destina 142,1 millones de euros en garantizar el cumplimiento de la Directiva Europea en saneamiento y depuración y a reducir el exceso de fósforo y nitrógeno en las masas de agua de Doñana. “Entre otras actuaciones, se llevará a cabo una ampliación en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas, que mejorará la calidad de las aguas que llegan al medio marino”, asegura el equipo de Teresa Ribera. La mayoría de financiación de esa partida, 82,9 millones, serán para la “adecuación del tratamiento de la EDAR de Sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de Doñana”.

Dentro de la financiación anunciada también se tiene en cuenta la recuperación del entorno. Se reconectará la marisma con el río Guadiamar, algo que permitirá recuperar su dinámica natural, “perdida hace más de 50 años”, asegura el MITECO. Esta acción, junto con la renaturalización de la finca Los Mimbrales y del arroyo del Partido costarán 20,7 millones de euros.

Por otro lado, se dedicarán 12,9 millones para mitigar las presiones sobre la biodiversidad, que se traducirán en iniciativas de mejora de la conectividad ecológica y actuaciones de conservación sobre especies amenazadas, como la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), el lince ibérico (Lynx pardinus), el águila imperial (Aquila adalberti) y el milano real (Milvus milvus), la prevención de incendios forestales o la recuperación cañizares y enebrales, característicos de la zona. Con un importe estimado de 7 millones, también entran dentro del Marco de Actuaciones iniciativas de renaturalización y defensa. Por ello, se renaturalizarán sectores como la ribera derechoa del Guadalquivir, Marismillas (Huelva), Quintanilla del Capitán del Brazo del Este (Sevilla) o las marismas de la Algaida (Cádiz).