No fue el “efecto Bolsonaro”, una encuesta de opinión favorable o una protesta de vecinos indignados. Ninguna de estas variables pesaron a la hora de una definición: en rigor, el Gobierno tenía desde marzo de este año la decisión del presidente Mauricio Macri de poner en marcha el protocolo de las fuerzas de seguridad que habilitó al uso de armas en caso de enfrentamiento con delincuentes y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich instrumentó esa herramienta dos días antes del inicio de la cumbre de presidentes del G20.
Muchos meses antes de que el protocolo policial surgiera a la luz y empezara a rodar la polémica con la oposición y en el mismo seno de Cambiemos, en el Gobierno sólo cuatro funcionarios además del Presidente conocían en detalle la nueva medida que se iba a tomar para las fuerzas de seguridad federales.
Según pudo reconstruir Infobae de cinco fuentes calificadas de la Casa Rosada y de la Justicia, el entramado secreto para llegar al controvertido protocolo pasó por un largo derrotero de debates jurídicos y políticos que se llevaron en sigilo durante varios meses sin que se filtrara a la prensa.
“Los que dicen ahora que el efecto de la mano dura de Bolsonaro en Brasil nos llevó a instrumentar el protocolo de las fuerzas de seguridad o que nos guiamos por una encuesta favorable de la gente se equivocan: acá había una decisión política del presidente Macri de dar un fuerte apoyo a los policías y gendarmes que todos los días deben enfrentarse con los delincuentes”, expresó a Infobae un destacado funcionario allegado a la ministra Bullrich.
En rigor, hubo varios detonantes que llevaron al Ministerio de Seguridad y al propio Macri a avanzar ahora con la decisión de habilitar a las fuerzas de seguridad federales en el uso de armas. El entramado para llegar a esta decisión se sustentó en muchos argumentos políticos y jurídicos.
Un informe reservado del ministerio que dirige Bullrich circuló desde principios de año en manos de Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el Jefe de Policía Federal, comisario General Nestor Roncaglia y Bullrich. Ese documento al que tuvo acceso Infobae sostiene que en el gobierno de Cristina Kirchner en el 2014 hubo un total de 15 efectivos de fuerzas de seguridad abatidos con armas de fuego y en el 2015 y 2016 esa cifra se elevó a 42 en total. En 2017 hubo una disminución sustancial del 53% de esos casos (7 en total).
A la vez, la cantidad de civiles fallecidos intervinientes en hechos con armas de fuego en casos donde había policías, gendarmes o prefectos fue de 96 en el 2014 y de 38 en el 2017, es decir, un 60% menos. El mismo informe sostiene que en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Misiones y Tucumán son los lugares donde más casos hubo de civiles fallecidos en hechos con armas de fuego.
El Gobierno sabía que se enfrentaba a esta problemática de policías sin poder usar armas ante los delincuentes desde hace tiempo. También se supo que Bullrich argumentó ante Macri y Peña este tema a raíz de dos casos paradigmáticos en febrero de este año:
1-Asalto en Tigre. Uno de esos casos fue el del gendarme Arseño Narvay que fue absuelto por la justicia pero estuvo con prisión preventiva en la Unidad N° 9 de La Plata, en el marco de una causa que investigaba la muerte de Santiago Emanuel Talavera, quien recibió un disparo tras intentar asaltarlo en la localidad de Rincón de Milberg, partido bonaerense de Tigre.
2-Mujer policía. El otro caso absuelto por la justicia ocurrió el 22 de diciembre de 2016 cuando la agente de la Policía Federal Carla Daniela Céspedes en su función de consigna policial, mientras estaba circunstancialmente en el supermercado chino de la calle Estivao 99 de la Ciudad de Buenos Aires intervino en un hecho delictivo dando muerte a uno de los delincuentes.
A partir de estos casos y con el documento en mano de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego” de Naciones Unidas, un equipo del Servicio Jurídico del Ministerio de Seguridad se puso a trabajar el año pasado. En marzo de este año ya estaba listo el primer borrador.
El corazón del proyecto sostenía, según argumentaron en el Gobierno, que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.
Consulta con jueces y la Corte
Una vez elaborado el proyecto del Protocolo policial en mayo y junio pasado, el Gobierno comenzó en estricta reserva a hacer una ronda de consultas con los ministros de la Corte Suprema, jueces del fuero penal y especialistas en temas de seguridad. En todos los casos, aseguraron las fuentes consultadas, hubo un aval de la Justicia a la idea del Gobierno de darle mayores herramientas a la Policía Federal ante el avance de los delincuentes.
“Hubo un fuerte respaldo desde la Corte y de diferentes jueces en que hacía falta un protocolo para amparar a las fuerzas federales en el uso de armas de fuego ante situaciones limite”, explicó un funcionario de la Casa Rosada en coincidencia con un magistrado federal.
De hecho, Macri tenía intenciones de presentar el protocolo policial después de que se llevara al Congreso el proyecto de ley del nuevo Código Penal elaborado por una comisión especial liderada por el camarista Mariano Borinsky. Es que en el artículo 34 de ese proyecto de ley se contemplaba como supuesto de no punibilidad la situación de los agentes policiales que utilizan su arma en ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los reglamentos vigentes en la materia como es el nuevo Reglamento de las fuerzas de seguridad federales.
El propio Borinsky expuso ante Infobae que “el anteproyecto de Reforma del Código Penal se complementa con la reglamentación pertinente dictada por la autoridad competente en la materia, es decir, con el nuevo Reglamento del Ministerio de Seguridad”.
La Comisión para la Reforma del Código Penal constituyó a un grupo de distinguidos juristas que durante más de un año y medio estudiaron la legislación vigente, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado y, tras mantener reuniones con expertos en diversos temas elaboraron el Anteproyecto de Reforma del Código Penal que preveían los delitos no punibles entre los que figura el hecho de aquel que “obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. El miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.
También hubo consultas a juristas extranjeros donde se aplica un reglamento para las fuerzas de seguridad similar al de Bullrich como en Estados Unidos, Canadá, México, Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay.
El debate del proyecto de ley del aborto que se presentó en el Congreso y abrió una dura grieta en la sociedad argentina durante varios meses frenó toda la discusión del proyecto del nuevo Código Penal. Así, el Gobierno tuvo que postergar el debate del Código Penal y decidió avanzar de una vez con el protocolo para las fuerzas de seguridad.
En paralelo a esto, desde la Jefatura de Gabinete y en el despacho de Bullrich decidieron instrumentar un exigente sistema de control interno a policías, gendarmes y prefectos. Así, se pusieron en marcha los mecanismos de control antidoping, exámenes psicológicos sorpresa, pedidos de declaraciones juradas y un sistema de denuncias por violencia de género interno en cada fuerza de seguridad.
“La idea era que antes de enfundar y usar un arma ante un delincuente la policía estuviera bien capacitada y con regímenes de controles muy estrictos. Así lo hicimos”, explicó a Infobae un allegado a Bullrich.
El uso para la cumbre del G20
El protocolo se dio a conocer el lunes pasado en el Boletín Oficial. Sin embargo, fuentes calificadas de la Casa Rosada aseguraron a Infobae que una semana antes Bullrich ya había dado instrucciones de ponerlo en marcha entre las fuerzas de seguridad por un simple y único motivo: el despliegue del operativo de seguridad para la cumbre del G20.
Durante los días en que hubo protestas antiglobalización en las calles de Buenos Aires y estuvieron en la Argentina más de 30 jefes de Estado las fuerzas de seguridad federales ya estaban habilitadas para hacer uso de armas de fuego ante delincuentes armados. Nadie lo supo hasta hoy pero la ministra Bullrich ya había dado esas precisas instrucciones a su gente para imponer el protocolo que estaba rubricado por resolución interna del Ministerio de Seguridad.
Según comentaron dos ministros consultados, el gabinete nacional en pleno se enteró del protocolo una vez que ya estaba publicado en el Boletín Oficial.
Luego llegaron las encuestas favorables a la medida oficial. Un sondeo de la consultora Management & Fit que se dio a conocer la semana pasada sostuvo que el 59,2% de los consultados coincide con la medida oficial, frente al 39,6% que la rechaza.
Junto con ello llegaron las duras críticas de Elisa Carrió y de un sector de la oposición al protocolo de Bullrich. Pero para ese entonces, Macri ya había felicitado a la ministra de Seguridad y a todo su equipo.
A la vez, en la Casa Rosada aseguran que la victoria de Jair Bolsonaro y su política de mano dura con la delincuencia llegó mucho después de que había sido elaborado el Protocolo. Es decir, que desecharon de plano la idea de que haya existido una relación directa entre el triunfo del presidente electo de Brasil y el protocolo policial en la Argentina.
Bullrich dialogó hace unos meses con el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo sobre la idea de darles a las fuerzas federales el uso de armas de fuego y en ese encuentro ambos coincidieron en un punto: la policía bonaerense aún no está capacitada para este tipo de protocolos, dijeron al unísono.
Así fue como la gobernadora María Eugenia Vidal decidió no suscribir a la iniciativa nacional para la policía provincial.
De hecho, Ritondo expresó a Infobae que “desde el Gobierno consideramos que el policía tiene que tener todas las herramientas para hacer cumplir la Ley pero no todas las policías son iguales”. Así, el ministro de Seguridad bonaerense cree que antes que redefinir su marco de actuación se debe culminar un proceso donde muchos policías nunca habían hecho una prueba de tiro y no tenían el equipamiento necesario.
Para desplegar un protocolo similar al de las fuerzas federal en el resto del país el Gobierno cree que se deberá dar un debate interno previo, capacitar a las policías y recorrer el mismo camino que dieron desde la Casa Rosada en estricta reserva durante muchos meses.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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