La vaquita marina está atrapada entre las peligrosas redes de la burocracia y nada parece poder evitar su inminente extinción. Los recursos -tanto públicos como privados- destinados a su conservación navegan en aguas turbias luego de que en el pasado sexenio hubo un multimillonario desplifarro del dinero destinado a salvar a esta especie.
Este cetáceo odontoceto del Alto Golfo de California fue respaldado por diversos programas de apoyo tan pronto se supo del peligro en que se encontraba. Pero el uso faccioso de los recursos y el apoyo a pescadores -que extrañamente incluyó a personas difuntas-, truncó su rescate.
Greenpeace, pescadores y organizaciones ciudadanas de San Felipe, Baja California, legisladores federales e investigadores dedicados a conservar esta especie consultadas por la agencia Notimex, refieren que a la vaquita marina no la está extinguiendo la veda para frenar su pesca furtiva.
“Hubo un gastadero de dinero, un despilfarro en el sexenio anterior. Nunca hubo como un ejercicio de transparencia que dijera: todo esto tuvimos de dinero y todo esto es lo que gastamos. No existe”, denunció a Notimex Miguel Rivas, coordinador de la campaña de océanos de Greenpeace México.
El miembro de este organismo lamentó que el gobierno de Enrique Peña Nieto quedara en deuda con la ciudadanía, pues tuvo que haber reportado los resultados obtenidos de manera transparente.
Greenpeace reveló que se destinaron 255 millones de pesos (unos USD 13,315 millones) al año de compensaciones para los pescadores de San Felipe y Santa Clara, en Baja California, por la veda de pesca con redes de enmalle, cimbra o palangre decretada el 1 de marzo de 2015 en el norte del Golfo de California, misma que se extendió durante dos años más.
Por si fuera poco, en el sexenio de Peña Nieto se canalizaron USD 3 millones para el arranque de un ambicioso y loable programa de emergencia denominado Proyecto Vaquita CPR (Conservación, Protección y Recuperación) para llevar al cetáceo a un programa de semicautiverio, mismo que sin más, se cerró.
La estrategia -recomendada por el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA), consistió en trasladar algunos ejemplares de esta especie a un santuario temporal, ubicada a dos kilómetros al norte del Faro del Puerto de San Felipe, Baja California, para reproducirse sin el riesgo de caer en las redes de enmalle.
Rivas precisó que luego de las pláticas entre el entonces titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, la Comisión Científica y la Marina, “se llegó a un acuerdo de que no era necesario continuar con el programa entendiendo que podían morirse más ejemplares y en enero de este año se decidió que ya no continuaría el Programa Vaquita CPR”.
Informes del CIRVA refieren que entre finales de la década de los setenta y ochenta la población se calculaba entre 200 y 500 animales, a mediados de 2014 se ubicó en 97, con menos de 25 hembras en etapa reproductiva. Entre septiembre y diciembre de 2015, la cifra disminuyó a 60 vaquitas.
El décimo primer reporte del CIRVA, con fecha del 19 al 21 de febrero de este año, refiere que sólo unas diez vaquitas siguen vivas, aunque existe un 95% de probabilidad de que el valor verdadero comprenda entre seis y 22 ejemplares.
Y es que en la región del Alto Golfo de California opera la pesca furtiva de totoaba, por el jugoso negocio que se obtiene de la vejiga natatoria de esta especie, cuyas cifras alcanzaron en una subasta en el mercado negro de China y Hong Kong, hasta los USD 100.000 por un kilogramo, por lo que algunos la denominan la “cocaína del mar”.
Como consecuencia de ello, la vaquita marina inició su agonía dada su captura incidental derivada de la obtención de ese pez, al igual que el poblado de San Felipe que entró en una severa crisis social y económica con el cierre de negocios, baja en el turismo y una alta emigración por falta de empleo.
Las organizaciones “San Felipe Despierta” y la “Federación de Cooperativas Pesqueras Ribereñas del Puerto de San Felipe”, refieren que de un monto de 2.800 millones de pesos (USD 146.221 millones) destinados al programa de apoyo a pescadores del 2015 al 2018, sólo les entregaron cerca de 700 millones de pesos (USD 36.552 millones).
A principios del Siglo pasado, pescadores chinos y californianos poblaron la región paradisíaca del Alto Golfo de California e iniciaron la explotación del pez totoaba y otras especies endémicas de la región, que se llevaban a San Francisco, lo que detonó que San Felipe y otros pueblos de la zona se convirtieran primero en importantes pesquerías y después, en una importante zona de atracción turística.
El presidente de la Asociación Civil “San Felipe Despierta”, Jesús Manuel Carrillo, señaló que cuando inició la veda, hace cuatro años, se empezó a repartir mediante una tarjeta, primero vía la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y después por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de la Semarnat.
“Fue un tema de corrupción bastante fuerte, porque el recurso no les llegó a los pescadores. Les llegaba a otras personas, se incluyó como beneficiarios a personas ajenas al sector, que ni siquiera eran parte de la comunidad. Inflaron presupuestos y ello derivó en el actual desastre económico y social en San Felipe. De los 2,500 pescadores sólo se atendieron a unos 800″, expuso.
Detalló que de 2015 al 2018 se etiquetaron recursos federales por 2.800 millones de pesos para el apoyo a los pescadores por respetar la veda. “Pero sólo se entregaron apoyos por un máximo de 700 millones para el sector y cadena productiva de los pescadores. El resto, es decir más de 2.100 millones de pesos no sabemos dónde quedaron“.
Carrillo indicó que al gobierno de Enrique Peña Nieto y a los funcionarios encargados del tema se les solicitó que más allá de los beneficios económicos viciados se tuvieran programas productivos que generaran empleos. “Les presentamos decenas de proyectos de acuacultura, granjas acuícolas, ganadería, turismo, agricultura, pero nadie hizo caso“.
FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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