La sociedad ya se pronunció, es hora de que lo haga el Congreso

En pocos días se presentará nuevamente en el Congreso el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. Es la séptima presentación consecutiva a lo largo de 11 años en que esta ley perdió sistemáticamente estado parlamentario. La negativa de los diputados a avanzar en este reclamo tan elemental y vital, en el sentido literal de la palabra, para el movimiento de mujeres obedece a una política consciente por parte de los bloques que dominan el Congreso y por parte de los gobiernos de turno, tanto el kirchnerismo como el macrismo, que han sacrificado nuestros derechos en el altar de los compromisos con el Vaticano.

La historia del proyecto de ley

En estos dos primeros años transcurridos de Gobierno macrista, la ley de la Campaña vio una vez más perder estado parlamentario sin siquiera haber debatido en una comisión. Los “valores de la república” que prometió instaurar Cambiemos están por detrás del laicismo que pregonó hace más de dos siglos la Revolución francesa. Los roces del Gobierno con el “Papa peronista” lo impulsan a usar una vez más el aborto legal como elemento de extorsión política sobre el Vaticano, despreciando así la seriedad que el tema tiene para las mujeres.

El proyecto de la Campaña se presentó por primera vez en 2007, año en que Cristina Kirchner asumió la presidencia. El rechazo de CFK a este derecho ha sido explícito, lo ha manifestado públicamente en nombre de su “condición cristiana, apostólica y romana”. Lamentablemente, vivimos en un país donde la profesión de fe de los gobernantes se impone sobre una problemática de salud pública de primer orden: entre cincuenta mil y cien mil mujeres son internadas al año por causas relacionadas con abortos clandestinos y esta es la primera causa de muerte materna, fundamentalmente entre los sectores más humildes.

Recientemente, quien fue la jefa del bloque del Frente Para la Victoria bajo el Gobierno kirchnerista, Juliana Di Tullio, justificó su bloqueo al tratamiento de la ley con el argumento de “no perder en el recinto”, porque ello implicaría “retroceder 50 años”. La ex diputada omite la otra cara de su política: nunca ganar. Si el movimiento popular razonara como Di Tullio, en este país y en el mundo, no hablaríamos de retroceso, sino que jamás hubiéramos tenido un mínimo progreso: desde el derecho al voto femenino hasta el divorcio y la patria potestad compartida se conquistaron con no pocos reveses, tras incontables esfuerzos y lucha. Es curioso, a su vez, que una representante del Gobierno que se autoconsideró impulsor de una politización sin precedentes de la sociedad argumente que el derecho al aborto no podría haberse convertido en ley porque “no existía movilización en la calle y debate público instalado en los medios de comunicación”.

El relato kirchnerista muestra toda su condición cuando se lo contrasta con los hechos: Cristina Kirchner acordó con la Iglesia la introducción del artículo 19 en el Código Civil y Comercial, desilusionó incluso a los juristas que habían participado en su redacción y cuya protesta fue infructuosa para evitar que se refuerce con esta norma el cerco jurídico al derecho al aborto legal para las mujeres.

Este asunto de la ilegalidad del aborto ha mostrado ser ajeno a la denominada “grieta”: en 2014 fue el tándem Patricia Bullrich, la actual ministra de Seguridad, y Diana Conti el que se ocupó de vaciar de quórum y hacer fracasar el plenario de comisiones que debía darle dictamen al proyecto.

Durante los últimos dos años la negativa a tratar el proyecto se conjuga con una profundización de la privatización de la asistencia a la mujer violentada, con una negativa del Gobierno a impartir educación sexual laica y contraria a los principios de subordinación de la mujer que hoy se imparten, con el despido de trabajadoras en diferentes áreas dedicadas a la atención de la mujer y en el ámbito de la salud, ensañándose particularmente con las mujeres trabajadoras, con recorte del presupuesto para los programas de atención a la mujer violentada, con la persecución a las instituciones que facilitan el acceso al misoprostol, con la criminalización de las mujeres.

Ni Una Menos y la responsabilidad del Estado

En lo que hace a decidir sobre su propio cuerpo, la mujer mantiene un estatus jurídico subordinado. El hecho de que la clandestinidad del aborto se cobre vidas de mujeres y deje a muchas otras con graves secuelas no importa tanto a la clase gobernante como preservar una política que sostiene a las mujeres en una condición de inferioridad. La subordinación y el sometimiento de las mujeres que se promueve desde todos los niveles del Estado educan al conjunto de la población en el machismo y el desprecio misógino, y es un arma de división de los explotados, tal como el racismo o la xenofobia.

En el último tiempo hemos visto cómo el debate por la legalización del aborto se instaló en los medios masivos, lo que expresa una realidad muy extendida en la sociedad. Numerosas encuestas dan cuenta a su vez de una posición mayoritariamente favorable a este derecho. Las mayorías populares son las que sufren las consecuencias de la clandestinidad, no solo porque muchas mueren, sino porque con trabajo precario, desocupación y miseria, no hay posibilidades de planificar y encarar un proyecto de maternidad. Las reformas previsional y laboral no harán más que agravar esta situación: las mujeres seguimos siendo carne de cañón de este régimen de explotación social.

El reclamo por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito será una de las demandas centrales de este 8 de marzo, en el Paro Internacional de Mujeres, el Día de la Mujer Trabajadora. Las mujeres no podemos esperar más. La sociedad ya se pronunció: es hora de que lo haga el Congreso.

La autora es diputada nacional por el Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Partido Obrero, y secretaria general del Suteba Matanza.

FUENTE: INFOBAE NOTICIAS