Tras una jornada en la ciudad capital de Formosa que quedó marcada por una protesta que fue reprimida por la policía provincial, y luego de que tanto la oposición como la secretaría de Derechos Humanos advirtieran por la violencia ejercida por los efectivos que responden a la administración de Gildo Insfrán, la ONU expresó su preocupación.
En un comunicado, el Coordinador Residente de Naciones Unidas Argentina, Roberto Valent, y el Representante Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, expresaron “su preocupación por los hechos de violencia ocurridos hoy en la ciudad de Formosa. De acuerdo a la información recibida, la respuesta de la policía implicó el uso de violencia indiscriminada que resultó en personas heridas y detenidas”.
“Los tratados internacionales de derechos humanos garantizan el derecho a reunirse pacíficamente, y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales. Cuando se presenten actos de violencia, las fuerzas de seguridad deben distinguir y proteger a quienes se manifiestan pacíficamente y utilizar la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario en línea con los estándares internacionales de derechos humanos”, detalló el documento que fue publicado en las cuentas de las redes sociales del organismo internacional.
En esa línea, el comunicado concluyó: “Como se señala en diversos documentos de Naciones Unidas, es preciso garantizar los derechos humanos en el marco de las políticas de respuesta y recuperación a la crisis de la COVID-19″.
Las protestas comenzaron en la noche del pasado jueves y continuaron en la mañana de este viernes, después de que la Gobernación provincial estableciera que la ciudad de Formosa volviera a Fase 1 hasta el 18 de marzo tras un nuevo brote de contagios de coronavirus en los últimos días: se detectaron 23 casos en toda la provincia, de los cuales 17 son de la capital provincial.
De tal manera, quedaron suspendidas todas las actividades que se habían flexibilizado hasta el momento, es decir que sólo estarán abiertos los comercios, actividades y servicios declarados como esenciales, entre ellos, personal de salud, personal docente, fuerzas de seguridad y autoridades superiores de los gobiernos nacional, provincial y municipal.
La medida no cayó bien en amplios sectores de la población, especialmente en los comerciantes, ya que la restricción afectará las economías de sus locales.
Luego de que los vecinos salieran a las calles, se produjeron algunos enfrentamientos con la Policía de Formosa, que reprimió a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos y dispuso vallados en inmediaciones de la Casa de Gobierno local. Varios manifestantes resultaron heridos por el accionar de los uniformados. Algunos subieron fotos a las redes sociales para mostrar sus lesiones.
También circularon diversas imágenes de los cartuchos de gases lacrimógenos que quedaron dispersos en las calles, vencidos en julio de 1995. “Largo alcance – Expansión ‘CS’. Vence: julio 95″, reza uno de los cilindros fotografiados y compartidos en las redes. La particularidad es que ese fue el año en que Insfrán asumió como gobernador.
Al igual que la ONU, otros organismos expresaron su repudio a lo sucedido. Uno fue Amnistía Internacional Argentina, que condenó “la represión a manifestantes en Formosa”. “Las personas tienen derecho a la protesta social. El Estado debe garantizar el derecho a manifestarse y tomar los recaudos necesarios para asegurar que las fuerzas de seguridad se conducirán de acuerdo a los estándares internacionales”, manifestaron a través de un comunicado.
En el mismo, agregaron que “una trabajadora de prensa fue detenida mientras se encontraba ejerciendo su trabajo. La concejala Gabriela Neme resultó herida cuando intentaba conversar con la policía ante la detención de la periodista. Sufrió el esguince de su brazo y tuvo que ser hospitalizada”.
ADEPA y FOPEA también se expresaron para reclamar la liberación de la periodista detenida y para manifestarse en contra de la preocupante situación que se vive por estas horas en la provincia.
Lo propio hicieron dirigentes de la oposición. Por medio de un comunicado titulado “Los derechos humanos no tienen color político”, el interbloque de senadores de Juntos por el Cambio exigió que el gobierno nacional tome cartas en el asunto para garantizar de manera urgente “los derechos fundamentales vulnerados”.
“No podemos permitir connivencia ni complicidad con aquellos gobiernos que han hecho uso y abuso del poder en el marco de la pandemia”, concluyeron desde el espacio.
En la misma línea, la presidente del PRO, Patricia Bullrich, le preguntó al presidente Alberto Fernández: “¿Hasta cuándo va a permitir estos atropellos?”. Los diputados Alfredo Cornejo, Mario Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro fueron otros dirigentes que expresaron su indignación por lo sucedido.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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