La localidad asturiana de Tapia de Casariego esconde la reserva de oro más grande de Europa: se estima que bajo tierra, en las conocidas como lagunas de Salave, pueden esconderse hasta 30 toneladas de este metal precioso, algo que equivaldría al 10% de las reservas de oro del Banco de España. Y desde hace más de 2.000 años, siguen intactas.
Después de que los romanos extrajeran este metal precioso, han sido muchos los proyectos presentados para explotar este yacimiento, pero todos se han visto truncados por problemas asociados al riesgo medioambiental. Todo puede cambiar ahora. La empresa española Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), subsidiaria de la compañía australiana Black Dragon Gold, ha presentado un nuevo proyecto en el que asegura haber solucionado los problemas de impacto ambiental y con el que pretende explotar el preciado yacimiento. Sin embargo, la pretensión de EMC no convence a todos, y el pueblo de Tapia afronta dividido un asunto que puede cambiar el paisaje y el futuro de la localidad.
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Un pueblo dividido
Más allá del proyecto presentado por Exploraciones Mineras del Cantábrico, la mina de oro de Salave lleva creando controversia en Tapia de Casariego durante las últimas décadas. Así, en el año 2005 nace la asociación Oro No, un organismo vecinal que lleva casi 20 años luchando por evitar que se explote este yacimiento. A ella se le suman diversas cofradías de pescadores, asociaciones de armadores, asociaciones de turismo rural, hosteleros y grupos ganaderos.
Todos ellos han firmado un manifiesto de oposición a la mina de Salave en el que exponen su preocupación y rechazo al proyecto propuesto por EMC. En él denuncian que el vertido se realizaría en el Espacio Natural Protegido, ZEC (Zona de Especial Conservación) y ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de Penarronda-Barayo. Además, señalan que este contendría muchos metales pesados bioacumulables por la cadena trófica, con el consiguiente impacto que supondría.
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Daniel Cando, representante de Oro No, explica Infobae España que la explotación de la mina tendría un impacto brutal. “La gente vive de la ganadería, la pesca y el sector turístico. Con la explotación de la mina, los metales pesados procedentes de ella afectarían a todos estos sectores. Por no hablar del impacto paisajístico que produciría, lo que mermaría el turismo al crearse una percepción negativa de la zona”.
No obstante, también hay vecinos que está a favor del proyecto. En este sentido, Mada Gómez, presidenta de la asociación Idoa apuesta por la creación un tejido empresarial que de trabajo a los vecinos y evitar “la fuerte despoblación que estamos sufriendo”. “El sector turístico no se vería afectado en nada, ya que lo que solo vamos a ver van a ser tres o cuatro naves más en un polígono”, afirma Gómez.
“Es necesario asentar población y la mejor forma es generar industria, para que la gente joven no se vaya a trabajar a otros sitios”, cuenta Mada. A su vez, asegura que la explotación de la mina cuenta con un gran apoyo en Tapia: “Hicimos una campaña de recogida de firmas en apoyo a la mina y conseguimos más de 2.000, cuando en el pueblo no llegamos a los 4.000 habitantes”.
Salvar el impacto ambiental
La empresa Explotaciones Mineras del Cantábrico defiende por su parte que su proyecto se diferencia “por respetar y proteger los sensibles cauces fluviales de la zona y sus ecosistemas asociados, optando por la instalación de un emisario para dirigir al mar el agua natural sin alterar extraída del subsuelo, evitando vertidos a ellos”. En el caso de Salave, el emisario conducirá las aguas a 800 metros de la costa y 17 metros de profundidad, “un punto elegido para las descargas debido a las condiciones hidrodinámicas del mismo”, aseguran.
Aunque indican que la perforación consecuente de este nuevo método es “mínimamente invasiva”, sí admiten que los primeros meses de la construcción reunirán las principales molestias. A esto se le suma un “plan de seguimiento y control que medirá la calidad del agua tanto a la entrada como a la salida del emisario, de manera regular y sistemática y con plena transparencia en la información” afirma EMC.
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A su vez, según la compañía minera, el proyecto está contemplado dentro de la legislación regional, española y europea, y contempla la optimización y maximización de “la utilización de la energía eléctrica y la compensación a través de la producción de energías renovables y a través del incremento de la masa forestal”. Igualmente, las instalaciones se plantean prácticamente ocultas, aisladas del entorno y de carácter temporal, minimizando cualquier impacto previsible en la zona.
Otro dato a tener en cuenta es la reutilización de las instalaciones, pues desde EMC se comprometen a establecer un plan de restauración ajustado a lo dispuesto en la legislación española sobre rehabilitación de espacios afectados por actividades mineras. “Planteamos una restauración modulada e integral para recuperar la morfología de la zona y los usos existentes en la misma”, indican.
La pelota, en el tejado del Ayuntamiento
Un aspecto importante y que puede ser diferenciador en la explotación o no del yacimiento es el propio Ayuntamiento de Tapia de Casariego. “En el anterior gobierno del PSOE, la alcaldesa se mostró firmemente en contra de la mina, por lo que con el nuevo alcalde (PP) esperamos que siga en esa línea”, explica Daniel Cando.
Por su parte, Mada indica que el Ayuntamiento se debe acoger a la ley, “y si medioambientalmente los técnicos dicen que el proyecto es viable, pues que se trabaje en consecuencia de ello”.
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