La diputada kirchnerista y consejera Vanesa Siley propuso un nuevo orden de mérito en el concurso que busca reemplazar a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal: aunque mantuvo por puntaje en primer lugar al juez federal de Tucumán Fernando Pouviña, que había procesado al ex jefe del Ejército Cesar Milani y al empresario Pedro Blaquier, hizo saltar del puesto 20 al tercer lugar de la lista a la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona, que investigó el llamado espionaje macrista en perjuicio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, presos k y políticos propios y opositores. A Incardona se la menciona desde hace tiempo como una de las grandes favoritas a quedarse con uno de los sillones de la Cámara Federal y el ascenso en la lista original ratificó los rumores, dicen en tribunales.
El segundo lugar fue para la fiscal federal Agustina Rodríguez, coordinadora de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, que -al igual que ahora- era la primera mujer de la lista aunque en las correcciones anteriores estaba octava. En tanto, Bertuzzi, que a diferencia de Bruglia, sí participó en el concurso, pasó del puesto 13 en el que había quedado en la primera evaluación a la posición 21.
La decisión de Siley, que se conoció en las últimas horas del martes, será analizada mañana jueves en la Comisión de Selección del Consejo, según confirmaron a Infobae fuentes del Consejo. El juez Ricardo Recondo, también consejero e integrante de la subcomisión de evaluación, no acompañó con su firma el dictamen de Siley. Aunque se indicó que podría hacer su propio orden respecto de las impugnaciones presentadas por los concursantes, fuentes consultadas por este medio minimizaron esa posibilidad y dieron por hecho que será la propuesta de Siley la que será puesta a votación en la comisión que preside la diputada Graciela Camaño.
Para ese día también hay reunión de Plenario aunque no estaba dicho si el tema iba a tratarse el tema también allí. Una vez que la lista propuesta quede aprobada, los candidatos serán llamados a entrevistas individuales. En base a lo que surja de esas entrevistas, se armará una terna en la comisión que será aprobada o no en el Plenario. La terna luego se envía al Ejecutivo y es el presidente Alberto Fernández el que elige a uno de los nombres de la terna para que se enfrente ante la comisión de Acuerdos del Senado.
Inicialmente, tal como lo detalló Infobae a fines de abril, los puntajes posicionaban en el primer lugar a Fernando Pouviña, el juez de Tucumán que procesó al ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo Cesar Milani por la desaparición del soldado Agapito Ledo en la última dictadura –acusación por la que más tarde el militar fue absuelto–, y en 2012 también procesó a Pedro Blaquier en una causa de lesa humanidad. Allí el juez consiguió 173 puntos, 90 del examen escrito. En el sexto puesto se ubicaba el juez en lo penal económico Diego Amarante (que ya había conseguido el primer puesto del concurso en el que fue elegido Roberto Boico para la Sala II); y en el puesto 11 su colega Javier López Biscayart.
Bertuzzi aparecía en el puesto 13 con 161 puntos; la secretaria de la Cámara Federal Ivana Quinteros estaba 14 y la seguía la fiscal de Mar del Plata Laura Mazzaferri. El juez Sebastián Casanello se ubicó en el puesto 17, Incardona en el 20 y el juez en lo penal económico Pablo Yadarola en el puesto 26.
Como en todos los concursos, se trata de un “orden” provisorio, elaborado en base a los puntajes que obtuvieron los postulantes en el examen escrito (en donde todos los participantes se quejaron en voz baja de lo difícil que había sido), sumados a los antecedentes académicos o laborales que se le reconocen a cada uno de los que buscan el puesto. Las quejas e impugnaciones de los postulantes fueron planteadas. “Sería medio raro que, en este concurso puntualmente, con la cantidad de ojos mirándolo, el que quedó muy abajo saltara a los primeros puestos”, habían dicho fuentes del Consejo en aquel momento.
La evaluación de Siley, sin embargo, entendió que había que hacer otra interpretación con los puntajes obtenidos. Y el caso más llamativo fue precisamente el de Incardona, porque saltó 17 escalones a su puntaje original.
Incardona, de 48 años, fue fiscal y jueza en Tierra del Fuego y llegó por concurso a la fiscalía federal de Lomas de Zamora. De raíces peronistas, Incardona fue muy cercana al ex procurador general Esteban Righi. Su marido es Eugenio Sarrabayrouse, el juez de la Cámara Nacional de Casación Penal al que Cristina Kirchner propuso para la Corte Suprema en octubre de 2015, días antes de dejar la Presidencia. Tal como relató Infobae en un perfil sobre Incardona realizado en julio pasado, la fiscal, por la fecha de su cargo, paga el impuesto a las Ganancias. Activa integrante en la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, milita en la lista celeste ligada al oficialismo. Su nombre cobró trascendencia pública con la megainvestigación que se radicó en Lomas de Zamora por espionaje durante el macrismo, una causa que ahora desembarcó en Comodoro Py.
De acuerdo al listado de Siley, el primer lugar debía ser para Pouvina con 186,75 puntos, seguido por Agustina Rodríguez con 183,75 y por Incardona con 172,85 puntos. Después aparecen Gonzalo Viña, con 179,90; Laura Mazzaferri, con 170,25; Julio Di Giorgio con 169,50 y López Biscayart en el puesto siete con 169,50 puntos. Yadarola figura en el número 17; Casanello, 20 y Bertuzzi, 21.
El lugar en el quedó posicionado Bertuzzi pareció deshilvanar la “rosca” -confesada a Infobae por el oficialismo- para negociar con la oposición otros cargos en la Justicia, que implicaba estudiar la inclusión de Bertuzzi en alguna de las ternas.
Los cargos de Sala I
Precisamente ese concurso se abrió después como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia que analizó la jugada del Consejo de la Magistratura de julio del 2020 cuando el organismo que selecciona y controla a los jueces decidió ponerse a revisar los traslados hechos durante los últimos años y en especial los que se concretaron en la gestión macristas.
Allí, aparecían Bruglia y Bertuzzi, en la Sala I de la Cámara Federal, desde donde les tocó analizar causas de alto voltaje político como el llamado “caso cuadernos”. La megacausa, que nació con la aparición de los cuadernos del chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, tiene más de cien procesados y una treintena de arrepentidos. Fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y tiene procesada a la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita.
Tanto Bruglia como Bertuzzi pertenecían al Tribunal Oral Federal 4. En rigor, Bertuzzi también había llegado allí por un traslado firmado por la entonces presidenta Cristian Kirchner. Lo cierto es que durante el macrismo ambos pasaron a formar parte de la Sala I de la Cámara Federal -Bruglia primero, Bertuzzi llegaría después-. Cuando el Consejo de la Magistratura pidió revertir la situación de los traslados sobre diez casos en particular, Bruglia y Bertuzzi judicializaron el tema. A ellos se les sumó por cuerda separada el juez German Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, que tiene en sus manos la causa cuadernos.
El tema se convirtió en un tironeo entre oficialismo y la oposición. En diciembre pasado, la Corte Suprema dio su veredicto: dijo que no era válido ningún traslado. No solo los que había puesto en la mira el Consejo de la Magistratura sino todos. Y planteó que el Consejo debía abrir concursos para los cargos en juego en donde pudieran participar los jueces que ya habían sido trasladados.
Eso frenó la iniciativa inicial que buscaba que, corridos Bruglia y Bertuzzi, el oficialismo contara con cuatro cargos para ocupar en la Cámara Federal, aprovechando el concurso ya abierto por un dos cargos en la Sala II de ese tribunal. Pero además el juez Eduardo Farah, que se había ido de Comodoro Py, explicó que había tenido que emigrar de los tribunales de Retiro por un ataque “virulento e injusto” por parte del ex presidente Macri tras su voto en la causa Oil Combutibles y señaló que no le interesaba concursar por su nuevo lugar y quería volver a su puesto original.
El oficialismo en el Consejo de la Magistratura apuró el concurso de Bruglia y Bertuzzi. El consejero Alberto Lugones dijo que el concurso podía estar resuelto en seis meses. En febrero fueron los exámenes en Tecnópolis. Bertuzzi participó sabiendo que no iban a elegirlo. Bruglia, sin embargo, dijo que no iba a prestarse al circo romano. Pero lo que hizo fue llevar su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí está su denuncia contra el Estado argentino, en donde asegura que el único objetivo de la movida del Consejo de la Magistratura fue correrlos a ellos de la Cámara Federal porque el Consejo de la Magistratura no había acelerado ningún otro traslado como ocurrió con ellos. Y reclamó la suspensión del concurso que se abrió para reemplazarlos.
El que lo recibió fue el relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el peruano Diego García-Sayan, -autor de un informe en base a denuncias del kirchnerismo por el manejo de la justicia en tiempos de Macri-. Como hasta ahora no tuvo respuestas, puso en conocimiento del tema a la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos, la ex expresidenta de Chile Michelle Bachelet. Eso generó la indignación del kirchnerismo en una de las últimas reuniones del Consejo antes de la feria judicial.
El capítulo Freiler
Mientras se analiza esta situación, el ex juez Eduardo Freiler -destituido durante el gobierno de Mauricio Macri por un jury que le hizo el Consejo de la Magistratura al analizar su patrimonio- impulsa una movida para volver a su lugar. Si tuviese éxito, ya no serían dos elegidos en ese concurso sino uno solo. Eso, dicen las fuentes consultadas a Infobae, por el momento no está en los planes de los consejeros.
En agosto del 2017, Freiler dejó la Cámara Federal con una jugada tan veloz como polémica: aprovechando la incertidumbre generada por la suspensión en su cargo de un consejero que no era abogado y una demorada jura en la Corte Suprema del senador justicialista que llegaba para sucederlo, el macrismo y sus aliados del Consejo de la Magistratura consiguieron los ocho votos que necesitaban para suspender a Freiler en su cargo y enviarlo a juicio político por presunto mal desempeño de sus funciones por no poder justificar sus ingresos. En un jury por seis votos a uno, terminó destituido. Su caso es uno de los que mencionó la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando habla de “lawfare” y el manejo de la Justicia durante el gobierno que la sucedió.
Pero ahora Freiler está pidiendo volver a su cargo en la Sala I de la Cámara Federal. Le planteó al Consejo de la Magistratura que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo “persecución” contra muchos magistrados del fuero federal y que el Consejo de la Magistratura abra una investigación administrativa para investigar un procedimiento que él entiende “plagado de nulidades y arbitrariedades”.
Al mismo tiempo, consiguió que se activara en Comodoro Py la denuncia que radicó en 2017 -cuando aún era juez- contra los ex responsables de la AFIP y el Banco Central por haber entregado al Consejo de la Magistratura los detalles de sus datos fiscales y bancarios, en el marco de una investigación abierta en esa sede sobre mal desempeño. Existió también una causa judicial que inicialmente fue desestimada, luego abierta y finalmente cerrada por la Cámara Federal de Casación Penal. Ahora, el fiscal Franco Picardi pidió llamar a indagatoria al ex jefe de la AFIP Alberto Abad, el exfuncionario Jaime Mecikovsky, y el expresidente del Banco Central (BCRA) Federico Sturzenegger por “violación de secreto fiscal y bancario” en perjuicio Freiler. El planteo fue hecho ante el juez Sebastián Casanello, quien pidió dos veces excusarse de la causa por haber trabajado con Freiler.
La reaparición de Freiler va mucho más allá de su presentación para volver: él “primereó” incluso al propio Gobierno con la denuncia que radicó en el fuero penal económico por el contrabando de armas a Bolivia contra el gobierno de Mauricio Macri. Su presentación para investigar el envío de esos armas se radicó antes que la que hizo el propio Ejecutivo y ahora ocasionó un conflicto de competencia entre los jueces López Biscayart y Alejandro Catania para ver quién debe instruir la investigación.
Mañana jueves, día en que en la Comisión de Selección se evaluará el orden de mérito hecho por Siley, el llamado “Foro contra el Lawfare” le presentará un petitorio con más de dos mil firmas al titular del Consejo Diego Molea un petitorio para restituir a Freiler. Fue “uno de los magistrados que intervino con mayor imparcialidad y firmeza en causas penales que resultaban sensibles para el poder real, y que por ese solo hecho debiera de haber gozado de la protección de todo el plexo de garantías que la Constitución Nacional ha previsto para que los jueces investiguen y dicten sentencia sin ser molestados ni presionados”, plantean y solicitan que se “revierta y anule en un plazo razonable, y por los mecanismos que considere más apropiados, la ilegítima decisión de desplazar de su cargo de juez vocal de la Sala I de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, al Dr. Eduardo Freiler”.
El escrito reúne firmas como las del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni o el ex juez español Baltazar Garzón junto a otros referentes del kirchnerismo como Aníbal Ibarra, Alicia Castro, Eduardo Valdes, Luis D’Elia y la titular de la AFI Cristina Caamaño, entre otros.
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