Durante las últimas horas del miércoles pasado, se informó que Cecilia Patricia Flores, Líder de Madres Buscadoras de Sonora recibió una llamada telefónica que resultó ser un intento de extorsión.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGE) destacó a través de un comunicado de prensa que la línea desde donde marcaron a la afectada tiene lada de Baja California y está registrada como un número que se ha utilizado para extorsiones y fraudes.
“En atención a una publicación en redes sociales de la Líder del grupo Madres Buscadoras, la FGJE Sonora verificó dicha información, confirmando que se trató de un intento de engaño telefónico”, menciona el escrito compartido por las autoridades estatales.
Ante esta situación, el titular de la Dirección de Personas Desaparecidas contactó a la Señora Cecilia Patricia Flores, quien proporcionó el número de teléfono que la contactó. Fue ahí que se descubrió que esta línea en efecto era utilizada para engañar personas. La líder de Madres Buscadoras no interpuso una denuncia al respecto.
Recientemente, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora denunció desde sus redes sociales que, tras el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola quien buscaba a su esposo desaparecido desde el pasado 7 de diciembre de 2020, la seguridad de las integrantes se encontraba en peligro.
“Lo único que queremos es traer a nuestros familiares de regreso a casa. Nos alarma mucho que las autoridades sean omisas a las necesidades que tenemos para encontrar a nuestros seres queridos y garantizar nuestra seguridad y protección mientras realizamos esta importante labor”, escribieron.
De igual forma, esta organización que se dedica a buscar personas desaparecidas en el estado, urgió a los tres órdenes de gobierno no dejar impune este hecho y garantizar la seguridad de la familia de Aranza Ramos.
De acuerdo con cifras oficiales, las Madres Buscadoras de Sonora intentan encontrar a 4,000 personas desaparecidas. Hasta el momento han documentado cientos de hallazgos de cuerpos humanos, pero las autoridades no han transparentado sus identidades y procesos de investigación.
“Urgimos a las autoridades federales y locales para que coordinadamente se garantice seguridad y protección a todos los colectivos de familias que buscan a las personas desaparecidas. Nos indigna y duele que quienes buscamos tengamos riesgo de ser asesinadas”, destacaron.
Finalmente, exhortaron al gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, a fortalecer el Sistema Estatal de Búsqueda y mejorar la Comisión Local de Búsqueda con el fin de procurar la justicia de todas las personas desaparecidas en la entidad.
México tiene más de 87,800 personas desaparecidas reportados desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) lanzó su guerra frontal contra los cárteles del narcotráfico. Sin embargo, las cifras durante los dos años y medio de este sexenio también han llamado la atención, pues han sido reportadas como no localizadas más de 21,000 personas.
Ante esta situación, desde hace varios años, familiares de los desaparecidos se unieron para buscar a sus seres queridos pese a los peligros que eso conlleva y las amenazas que muchos sufrieron por su accionar.
En muchos casos, han sido estos grupos los que han localizado cientos de fosas clandestinas en todo el país, aunque con el gobierno actual se creó una Comisión Nacional de Búsqueda que ahora suele acompañar la mayoría de los rastreos.
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