La Paz, 3 ene (EFE).- Los familiares de la concejala boliviana Juana Quispe, asesinada en 2012 tras sufrir acoso y violencia política, padecieron un calvario de casi doce años para lograr que los principales sospechosos de planificar su muerte sean juzgados y ahora tienen la expectativa de que un tribunal dicte sentencia próximamente.
“Nosotros hemos perdido a una mujer valiente, una mujer que era colaboradora para su gente, para la familia”, manifestó este miércoles a los medios Casio Villanueva, el tío de Quispe que junto a las hermanas de la concejala impulsó la denuncia para que se investigue y sancione el crimen.
Villanueva compareció ante los medios en La Paz junto a su abogada, Valkhiria Lira, y a un grupo de activistas que han respaldado a la familia en su cruzada por lograr justicia.
Quispe, una mujer aimara, fue asesinada el 12 de marzo de 2012, y su cuerpo, con signos de asfixia, fue hallado un día después en un río de La Paz.
Este caso es reconocido como emblemático por diversas organizaciones, pues la muerte violenta de la concejala terminó de impulsar la promulgación de la ley 243 Contra el Acoso y la Violencia Política en 2012.
Los principales sospechosos son el entonces alcalde del municipio de Ancoraimes, Félix Huanca, y los exconcejales Pastor Cutili y Basilia Ramos, considerados “autores intelectuales” de la muerte de la concejala, además de una mujer señalada de complicidad.
Quispe era una líder reconocida en Ancoraimes, en el Altiplano paceño, lo que la llevó a postularse en 2010 en las elecciones subnacionales para ser concejala.
“Mi sobrina ha entrado con el 70 % de votos y no la han aceptado. A ella no le gustaba la corrupción, siempre apoyaba a las mujeres, a la familia, a su comunidad, inclusive ha hecho cargo sindical en la Federación Departamental Bartolina Sisa (un sindicato de mujeres campesinas)”, explicó Villanueva.
Sin embargo, la mujer no pudo ejercer plenamente su cargo porque en los dos años previos a su muerte sufrió un acoso permanente promovido por Huanca y los dos concejales señalados, todos pertenecientes al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), señaló por su parte la abogada Valkhiria Lira, defensora de la familia de Quispe.
“No la dejaron ejercer su cargo de concejala electa por el simple hecho de que era mujer y no pertenecía a la sigla política y para ello organizaron grupos de choque donde la golpeaban, le echaban cemento en los ojos, la golpeaban con látigos, la empujaban y eso era cotidiano”, manifestó Lira.
En declaraciones a EFE, la abogada señaló que sacar adelante el proceso “ha sido un viacrucis tanto para los abogados como para la familia”, en medio de rechazos, imputaciones defectuosas, objeciones, sobreseimientos y negativas de la Fiscalía a realizar una inspección ocular, entre otros obstáculos.
También hubo “amenazas a los testigos, a las víctimas, a los abogados”, pero finalmente la Fiscalía presentó la acusación más de diez años después del asesinato y el juicio avanzó en los últimos once meses, indicó Lira.
La defensa de la familia de la concejala ha pedido 30 años de cárcel para los acusados.
La lectura de sentencia se esperaba para esta jornada en la audiencia conclusiva que, no obstante, fue aplazada al jueves por la ausencia de los abogados de uno de los acusados.
Villanueva recordó que su sobrina denunció varias veces que la iban a matar sin que ninguna institución interceda por ella y finalmente “todo eso se cumplió”.
Según el hombre, las mujeres de las provincias “siempre sufrían” para ejercer como alcaldesas o concejalas y que tras la muerte de Quispe se aprobó la ley 243.
“Gracias a esa ley las mujeres están un poco protegidas, pero ni eso, en provincias sigue lo mismo”, lamentó.
Desde 2018 a junio de 2023 se registraron 600 casos de acoso y violencia política en el país y se conoce que al menos 500 denuncias se encuentran en el Ministerio Público, de las cuales solo tres tienen sentencia, según datos presentados el año pasado por la Defensoría del Pueblo.
La Paz, 3 ene (EFE).- Un tribunal de Bolivia resolvió este miércoles aplazar la audiencia donde se iban a dar los alegatos finales y leer la sentencia del emblemático caso por la muerte de la concejala aimara Juana Quispe, víctima de acoso y violencia política, tras casi doce años del suceso.
En la mañana se instaló la audiencia conclusiva en el Tribunal Cuarto de Sentencia en la ciudad de La Paz y aunque era pública, la presidenta del juzgado, Inés Tola, ordenó que los medios presentes se retirarán del lugar.
La audiencia avanzó un par de horas y luego se suspendió por la ausencia de la defensa de uno de los principales acusados, el exalcalde del municipio de Ancoraimes, Félix Huanca.
“Félix Huanca fue a la audiencia sin defensa jurídica, es decir sin sus tres abogados, ninguno asistió, le dieron la oportunidad que llame a sus abogados, pero no hubo respuesta”, comentó a EFE la abogada de la familia de la concejala, Valkhiria Lira.
Los acusados son Huanca y los exconcejales Pastor Cutili y Basilia Ramos, también Exalta Arismendi, una amiga de la concejala, todos investigados por el asesinato de Quispe.
Ante esta situación la jueza encargada determinó que se convoque un abogado de oficio para que defienda al exalcalde y el mismo pidió unos 10 días para estudiar el caso, contó Lira.
La presidenta del tribunal suspendió la audiencia hasta el jueves en la mañana para que se presenten los últimos alegatos y si es que no hay “otros contratiempos” leer finalmente la sentencia del caso tras más de 11 años de la muerte de la concejala.
“Hemos esperado tanto tiempo la familia, los abogados y el grupo de activistas que apoyan a la familia de Juana, hemos esperado tanto que la postergación molesta, sabemos que no es una responsabilidad ni de la Fiscalía ni del tribunal, sino uno de los encausados”, sostuvo Lira.
Agregó que “confían” en que no haya más dilaciones y que mañana se logre leer la sentencia y escuchar la decisión del tribunal.
Quispe era concejala del municipio Ancoraimes en La Paz y denunció que no le dejaban ejercer su cargo luego de ganar las elecciones subnacionales de 2010.
La mujer, una reconocida líder de Ancoraimes, obtuvo su puesto con un partido diferente al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del entonces alcalde Félix Huanca.
La concejala denunció varias veces que era víctima del acoso y violencia impulsados por el mismo Huanca y sus allegados, quienes en una ocasión la amenazaron con palos y la arrastraron por una plaza enfrente de su hijo.
Quispe había ganado una acción judicial para que le permitan trabajar, pero Huanca y otros exconcejales la incumplieron y ella les demandó penalmente por “desobediencia a órdenes de amparo”, lo que provocó que empiece a recibir amenazas de muerte.
El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, la mujer llegó a La Paz para asistir a una movilización en la que también iba a estar presente Huanca, luego se fueron a almorzar y no se supo más de la concejala.
Al día siguiente su cuerpo fue encontrado cerca de un río en La Paz con señales de estrangulamiento.
Su caso es emblemático en el país, ya que tras su muerte se impulsó la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.
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