Ignacio Ballesteros (39), un polista cordobés que desde hacía ocho años estaba en estado vegetativo, murió el domingo a la noche en el Sanatorio Parque de Rosario. Pero su muerte es investigada por la Justicia al mismo tiempo que la disputa familiar -que tomó notoriedad mediática en los últimos años- se reaviva.
Ballesteros cayó de una yegua durante un partido de polo y a raíz de las graves lesiones sufridas quedó cuadripléjico y en estado vegetativo, con conciencia mínima. Desde ese momento su esposa (se habían casado ese año) y sus padres se adentraron en una feroz batalla judicial por su cuidado.
Luego de estar internado en el Hospital Austral y en el Instituto Fleni de Escobar, el caso del joven empresario tomó una importante notoriedad mediática cuando en junio de 2011 los padres lograron trasladarlo a Córdoba para que continúe el tratamiento gracias a un fallo del juez federal Ricardo Bustos Fierros.
Pero Gisela La Menza, pareja del paciente, logró que el caso llegara a manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló a su favor y logró que se trasladara a Ballesteros a Rosario, Santa Fe, donde ellos tenían su casa. Ese día incluso hubo forcejeos y golpes entre los familiares y los letrados.
El domingo, una neumonía terminó con la vida del joven polista y la fiscal Valeria Piazza Iglesias, quien estaba de turno en la Unidad de Homicidios Culposos, ordenó que se entreviste a los padres, quienes se encontraban en ese momento en el Sanatorio Parque, y que se realice una autopsia para averiguar las causas de muerte, hasta el momento caratulada como “dudosa”.
La tensión entre los padres y la pareja de Ballesteros, en tanto, prácticamente no cesó en los ocho años que el joven permaneció en coma.
Antes del accidente, el joven empresario había realizado inversiones en Buenos Aires, Córdoba, Inglaterra y China. Y ese fue uno de los puntos centrales que derivó en una disputa familiar por los bienes del polista. El abogado de La Menza, Froilán Ravena, denunció en 2012 que los padres de Ignacio pretendían “administrar los bienes de su hijo, cuando el Código Civil le asigna esa potestad a la cónyuge”.
A fines de 2017, en una visita a su hijo, los Ballesteros denunciaron a su nuera por “abandono de persona” cuando descubrieron que ella no se encontraba en el país. Aunque en una primera instancia el reclamo no prosperó, cuando en enero de este año el polista fue internado por un cuadro de neumonía (de la que se recuperó), los padres decidieron ampliar la denuncia. A fines de junio el cuadro volvió y a los tres días falleció.
“Después de 7 años me fui una semana de vacaciones con mis amigas al exterior y él nunca estuvo abandonado, quedó al cuidado de médicos y de mi madre”, dijo La Menza en referencia a esa denuncia, y aseguró que nunca les prohibió el contacto.
“Al padre siempre le interesó la administración de los bienes más que la salud de su hijo”, indicó por su parte Ravena, abogado de la mujer.
El representante legal de los padres de Ballesteros, Héctor Superti, quien fue ministro de Justicia de Santa Fe, logró más tarde que La Menza fuera investigada por fraude acusada de haber presuntamente facturado y cobrado servicios médicos que su esposo en realidad no recibía.
Según la denuncia, la esposa del polista presentaba facturas por cerca de 450 mil pesos mensuales a la prepaga Osde. Además, 12 profesionales de la salud (kinesiólogos, enfermeros y fonoaudiólogos, entre otros) también fueron señalados. El fiscal Dalmau señaló que los montos ascendieron a los 4,8 millones de pesos solo en 2017.
“Tengo todos los comprobantes de las transferencias que coinciden con las facturas de todo el equipo que atendió a mi esposo. Osde me depositaba en mi cuenta bancaria 200 mil pesos mensuales para pagarles a los enfermeros, terapuetas y médicos. El resto debe correr por cuenta de la prepaga, como la medicación, el oxígeno y aparatos que necesita para respirar mejor”, explicó La Menza a El Ciudadano.
“Tengo demostrado que las prestaciones eran por reintegro y Osde me depositaba y con eso se pagaba a los profesionales”, reiteró la mujer al diario La Capital, y negó irregularidades con las prestaciones de terapia intensiva cuando su marido estaba internado.
Tras la muerte de su esposo, La Menza aseguró que hay una “obsesión” de sus suegros por “destruirla”.
“Buscan demostrar que estaba abandonado y así declararme indigna para que pierda el derecho de herencia”, dijo al diario La Capital.
“Quisiera que a Nacho se lo deje descansar en paz, y yo también pueda estar tranquila y no firmando escritos todo el tiempo”, se lamentó.
“Los padres están en todo momento detrás de la herencia, por eso me quieren declarar indigna”, denunció.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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