La CIDH condenó “las prácticas de terrorismo de estado” del chavismo en Venezuela: “Generan un clima de temor e intimidación”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) junto con su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenaron este miércoles las “prácticas de terrorismo de estado” que se ven en Venezuela, producto de los manejos del régimen de Nicolás Maduro, acorralado por las protestas que se desataron en el país tras el fraude electoral del 28 de julio.

En un comunicado, los organismos manifestaron su repudio a las “prácticas de violencia institucional en el marco del proceso electoral en Venezuela, incluyendo represión violenta, detenciones arbitrarias y persecución política” y advirtieron que el régimen de Caracas, que se niega a dejar a aceptar su derrota, “está sembrando terror como herramienta para silenciar a la ciudadanía y perpetuar el régimen autoritario oficialista en el poder”.

Entre las tácticas empleadas por el oficialismo para intimidad a la población, la CIDH destacó cinco que constituyen ya patrones, dado que también fueron observadas en las protestas de 2014 y 2017. La primera de estas maniobras es el uso arbitrario de la fuerza, que han resultado en pérdidas de vidas humanas y personas heridas. Sobre ello, el organismo detalló que se confirmó la muerte de al menos 23 personas en estas manifestaciones, todas ellas consecuencia de disparos de arma de fuego, ya sea en la espalda o en la cabeza.

Según difundió el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, 10 de los asesinatos “serían atribuibles a los ‘colectivos’, que actúan con el consentimiento, tolerancia o aquiescencia del Estado e, inclusive, están incorporados legalmente en el Sistema Popular de Protección para la Paz”, mientras que dos “serían atribuibles a acciones mixtas entre fuerzas estatales y grupos no-estatales”.

“El derecho a la vida es reconocido como el derecho supremo de los seres humanos y como condición necesaria para el goce de todos los demás derechos. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe ser legítimo; excepcional, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades”, indica el comunicado, que advierte que estas muertes “podrían caracterizarse como ejecuciones extrajudiciales y generar responsabilidad internacional para el Estado”.

El segundo patrón es el de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, con más de 1.393 personas arrestadas entre el 28 de julio y el 13 de agosto, incluídas mujeres, adolescentes, periodistas e indígenas, que habrían sido sometidas a “actos de violencia sexual y otros que podrían constituir tortura”. Asimismo, en muchos casos, estos arrestos se producen “de manera selectiva, mediante una estrategia de detención y criminalización contra quienes cuestionan los resultados electorales anunciados por el CNE”, con maniobras como la famosa “Operación Tun Tun”.

El escrito destaca el caso del dirigente opositor Freddy Superlano, secuestrado el 30 de julio; Williams Dávila, quien cuenta con una medida cautelar emitida por la CIDH; María Oropeza, quien difundió en redes sociales el momento de su detención; y los asilados en la sede diplomática argentina en Caracas.

“El grave patrón de detenciones arbitrarias en el contexto actual no es nuevo, sino que forma parte de una estrategia que castiga la oposición, la disidencia y la defensa de los derechos humanos”, sentencia el escrito al respecto.

En tercer lugar, los expertos de la CIDH advirtieron sobre la recurrencia de la persecución judicial y hostigamiento en Venezuela, que se traducen en las acusaciones por cargos como delitos de incitación al odio, terrorismo, conspiración, traición a la patria, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, obstrucción de calles o vías y desobediencia de las leyes, que suelen ir acompañados de procesos penales ambiguos, la violación de garantías judiciales y la falta de representación privada, y derivan en “penas excesivamente altas”.

“En el contexto actual, la CIDH expresa preocupación por las severas limitaciones a las garantías judiciales denunciadas, con enfoque en los impactos diferenciados contra adolescentes, personas indígenas y personas con discapacidad”, reza el documento.

El cuarto aspecto que inquieta a los miembros de la Comisión es la censura y las restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que ha ido en aumento desde la celebración de los comicios, con cerca de 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, tanto contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación, y que contemplan también las anulaciones de pasaportes, el cierre de plataformas, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional.

También, con el auge de los canales digitales, el chavismo ha adaptado su persecución, ahora con aplicaciones que incitan a los vecinos a denunciarse entre sí, el uso de drones de patrullaje y videovigilancia, la inspección de dispositivos móviles en la calle y bloqueos de sitios web, como aquel en el que la oposición publicó más del 80% de las actas electorales, que respaldan la victoria de Edmundo González Urrutia.

“Esta censura afecta a toda la sociedad, desde líderes políticos hasta sectores populares que se han manifestado espontáneamente. Asimismo, agudiza el clima de hostilidad y violencia contra quienes desean participar libremente en un momento crucial para Venezuela (…) y erosiona gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y en el proceso electoral”, advierte el texto.

Por último, se puso el foco en los obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos con, por ejemplo, la aprobación de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines”, que restringe varios derechos de los civiles y demuestra la desconfianza del chavismo sobre quienes intentan velar por el bienestar de la sociedad.

“La labor de defensa de derechos humanos tiene un papel fundamental en la democracia y el Estado de Derecho y los Estados deben proteger a las personas que defienden los derechos humanos cuando su vida e integridad personal se encuentren en peligro, adoptando una estrategia de prevención efectiva y exhaustiva y abstenerse de criminalizarlas”, sentenciaron los expertos.

En este contexto “de absoluta desprotección y vulnerabilidad frente a los abusos del poder, respecto de los cuales no existen recursos de tutela”, la CIDH y la RELE exigieron el cese inmediato de “las prácticas violatorias de derechos humanos”, y abogaron por un esfuerzo urgente por “restablecer el orden democrático y el Estado de derecho”, tanto de las partes venezolanas como de la comunidad internacional.

“La CIDH y la RELE hacen un llamado a la comunidad interamericana a reconocer esta grave situación, mantenerse vigilante frente a la escalada represiva y velar por la protección tanto de la información electoral disponible como de la ciudadanía que la ha salvaguardado”, apuntaron.

Antes de concluir, el texto menciona que, por la delicada situación en el país, se definió la reactivación de la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI Venezuela), con el objetivo de fortalecer el monitoreo, la protección y la respuesta oportuna de sus mecanismos.

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