Frente a un panorama económico que no repunta a la velocidad que la sociedad reclama y el Gobierno quisiera, desde la Casa Rosada apuestan a pulir las estrategias de ayuda social, y a la vez reducir la intermediación de las organizaciones sociales con la que el diálogo está atravesado por cortocircuitos políticos.
En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación son conscientes de la importancia de aumentar la presencia en el territorio. “No se trata solo de plata, sino de acompañamiento. Es difícil entender lo que vive la gente si no bajás las defensas, dejás a un lado los prejuicios y escuchás al otro. Hay que ir, mirarlos a los ojos y compartir un rato. No posar solo para la foto“, sostiene un funcionario que camina las zonas más afectadas del conurbano, como Quilmes o La Matanza.
Es justamente esta llegada a los sectores sociales más alejados del origen del macrismo lo que genera que el nombre de la ministra Carolina Stanley haya empezado a circular para acompañar a Mauricio Macri como posible candidata a vicepresidenta en 2019, si finalmente el oficialismo decide no repetir la fórmula que le dio el triunfo en 2015.
En su entorno aseguran que no hubo ninguna conversación en ese sentido, y que está “muy comprometida” con su trabajo social desde el Ministerio. Al menos hasta ahora.
La relación del Gobierno con las organizaciones sociales se tensó en los últimos meses. En la Casa Rosada aseguran que están cumpliendo con la Ley de Emergencia Social aprobada a fines del 2016 para alentar proyectos productivos impulsados por las organizaciones. Según las cifras que manejan, los fondos asignados en 2017 y los previstos hasta la mitad de este año alcanzan los 18.000 millones de pesos. “Más del 50% de los 30.000 millones previstos para finales del 2019”, afirman.
Los 1.800 proyectos productivos alcanzados por la ley involucran a 150.000 personas que cobran el salario social complementario de 4.750 pesos. Es el equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil, y atado a su movilidad. La Ley de Emergencia Social también prevé que ningún beneficiario de un plan social nacional cobre menos de esa cifra por mes, un monto que sin embargo no cubre la canasta de indigencia, que en su última medición de enero, el INDEC fijó en $6.790 para una familia tipo.
Desde los movimientos sociales reconocen que la partida de 10.000 millones de pesos para 2017 se cumplió “con idas y vueltas”. Sin embargo, advierten que si bien se siguen pagando los salarios complementarios de las personas que ingresaron el año pasado, no se incorporaron beneficiarios en lo que va del 2018.
“Es parte de la discusión pendiente que tenemos con la ministra (Carolina) Stanley. Hasta ahora, durante 2018, no hubo mesa de diálogo social. Solo encuentros informales”, señala Gildo Onorato, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que agrupa a 40 organizaciones sociales, y es una de las impulsoras de la Ley de Emergencia Social.
Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, coincide en que “aún no hubo ninguna convocatoria, ni el Gobierno muestra voluntad de discutir la implementación de los fondos previstos en la ley para 2018″.
En Desarrollo Social sostienen que “todavía no se habló de nuevos cupos, ya que hay que ver cuánto queda disponible de los 10.000 millones de pesos previstos para este año, descontando el pago de los salarios sociales complementarios y el giro de dinero para los proyectos productivos”.
Adiós a los programas K
A los fondos previstos en la Ley de Emergencia Social, se suman los 17.000 millones de pesos del flamante “Hacemos Futuro” lanzado en febrero. Este programa absorbió tres planes emblemáticos de la gestión anterior: “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y “Desde el Barrio”. Más allá de su impronta kirchnerista, en el macrismo los cuestionan por haber sido “demasiado clientelares”. En total, hoy suman 262.000 beneficiarios.
“Hacemos Futuro” apunta a eliminar progresivamente la intermediación de las organizaciones sociales y los municipios, que funcionaban como unidades ejecutoras receptoras de fondos para los 187.000 proyectos sociales productivos hoy vigentes.
Tiene como ejes la finalización del secundario, la elección de la capacitación laboral, y la actualización de los datos personales al menos una vez al año en la Anses. En Desarrollo Social destacan también que “Haciendo Futuro” permitirá computar las horas que el beneficiario ya trabaja de manera informal, como parte de los requisitos para mantener el plan.
Desde la CTEP advierten que, si bien apoyan la formación laboral, el nuevo programa “ignora la realidad de muchos de ellos que, al venir de una segunda o tercera generación de desempleados, no siempre tienen la capacidad de insertarse en el mercado laboral formal“.
En Desarrollo Social defienden que los beneficiarios de un plan social puedan “capacitarse para trabajar de lo que quieran”, y que no parten de la premisa de que, “por su origen socioeconómico, no van a poder insertarse en el ámbito privado”. Sin embargo, conscientes de las dificultades actuales del mercado laboral, destacan que “están previstas opciones para darle formalidad a los que trabajan informalmente, como ser la obra pública para la integración urbana, o puestos que no requieren una calificación especializada”.
Según datos del Ministerio de Trabajo, hay 4 millones de personas que trabajan en la informalidad, con ingresos que no llegan a cubrir las necesidades del núcleo familiar. En la cartera de Jorge Triaca destacan, en este sentido, los objetivos del Programa Empalme, lanzado en mayo del año pasado. Actualmente son 7.700 personas las que reciben la asignación de 4.000 pesos como parte del sueldo que reciben de su nuevo empleador, y destacan que “hay otras 30.000 capacitándose y haciendo prácticas en empresas”. Desde la CTEP, Onorato lo califica como “un fracaso, si se lo compara con los 400.000 que anunciaron”.
En cuanto al objetivo de “Haciendo Futuro” de alentar la finalización de los estudios, Onorato también señala la dificultad de los beneficiarios para insertarse en el proceso educativo formal. Y alerta sobre el “cierre de casi 4.000 sedes del Plan FinEs”, un programa del Ministerio de Educación creado durante el kirchnerismo para terminar la primaria o secundaria de forma semipresencial en los barrios.
En el Ministerio de Desarrollo Social respaldan el espíritu de “Haciendo Futuro” ya que “más del 60% de los beneficiarios no concluyó el secundario”. Aseguran que siguen validando el “FinEs como una alternativa para terminar los estudios” y destacan “la buena penetración que tienen en los barrios y la cercanía de los docentes con la realidad socioeconómica de quienes lo cursan”.
Para Menéndez, referente de Barrios de Pie, “buscan transformar lo que eran planes de empleo –con falencias por el clientelismo y la microcorrupción–, en un plan para terminar la escuela secundaria y capacitarse. Pero su verdadero objetivo es el ajuste“. Y agrega: “Se eliminó el financiamiento de las unidades productivas barriales a través de los municipios y las organizaciones sociales, para reemplazarlo por una capacitación laboral, que es mucho más barata”. Onorato también denuncia que “se cortó el presupuesto para el trabajo en obras de infraestructura social en los barrios”.
Desde la cartera que conduce Stanley aseguran que las obras de infraestructura barrial “no se interrumpirán, sino que pasarán de la órbita de los municipios a la Secretaría de Integración Urbana”.
Una relación tensa
La lectura en los despachos oficiales es que “la relación con las organizaciones sociales con las que venían dialogando se tensó, justamente por asignación directa del dinero a los beneficiarios“.
Desde la CTEP niegan esa afirmación y aseguran que promueven “la autonomía y empoderamiento de los beneficiarios de planes a través del trabajo”. En un reciente comunicado se quejaron de que el Gobierno promueve “una campaña de deslegitimación de las organizaciones sociales”. Onorato detalla que “solo reciben el 12% de los planes, unos 30.000. El resto fueron asignados por municipios y universidades del conurbano bonaerense”.
Menéndez sitúa una fecha clave en su lectura política de la confrontación: la marcha del 21 de febrero convocada por Hugo Moyano en la que participaron las organizaciones sociales. “El Gobierno busca con este nuevo programa desarticular el trabajo social”, denuncia.
En el Gobierno advierten que si bien los fondos no alcanzan para cubrir las necesidades de un amplio sector de la población que vive en la informalidad –muy golpeado por la suba de la inflación y las tarifas–, reconocen el trabajo territorial de la CTEP o Barrios de Pie. También señalan su alineamiento político opositor.
En esa disputa, intentará ganar territorio aumentando la presencia, sin intermediarios, y acatando la premisa de ajustar el gasto.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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