La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respaldó este miércoles la contratación de Carmela Paucará, investigada por el caso Cócteles, en el despacho de la legisladora Rosangella Barbarán, integrante de la bancada naranja.
La excandidata presidencial consideró que el proceso que salpica a la implicada, quien se desempeña como técnica en la oficina congresal con un salario de más de 5.100 soles, es el “más claro y escandaloso [ejemplo] de abuso del sistema de justicia”.
“La llevaron presa a pesar de que ni siquiera trabajaba en Fuerza Popular en el 2011. Y ahora se cuestiona su legítimo derecho al trabajo y a sostener a su familia”, anotó en su plataforma de X, antes Twitter, pese a que su allegada se encuentra a la espera de la instalación de un juicio oral en su contra.
En 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó diez días de detención contra Paucará, exsecretaria de la lideresa naranja e integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular. El Ministerio Público la ubica en el tercer nivel de la red criminal presuntamente gestada por Fujimori para recibir aportes que no fueron informados a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La trabajadora de Barbarán habría colaborado con Adriana Tarazona, tesorera del fujimorismo. Por esa razón, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, ha presentado un pedido de 22 años y ocho meses de cárcel efectiva por el delito de lavado de activos.
“¿Esta persona está inhabilitada para trabajar, de ganarse un sueldo de manera digna? Ella es un ser humano, tiene el derecho de ganarse la vida. Una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza no le puede quitar ese derecho. Ella ni siquiera era secretaria de Keiko Fujimori en 2011″, dijo el portavoz, Miguel Torres, a El Comercio, que destapó la contratación.
“Nosotros respaldamos que toda persona tiene el derecho a trabajar”, siguió. El vocero de la bancada, Arturo Alegría, ratificó que Paucará “tiene derecho al trabajo”.
“A menos de que yo me confunda y hayan cambiado la Constitución, […] toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario”, dijo al diario antes de remarcar que no existe “ninguna irregularidad ni tampoco prohibición” para que labore en el despacho.
En desarrollo.
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