Juicios políticos, reforma estructural y sin fideicomiso: la revancha de la 4T contra la SCJN

Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó la primera parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral promovida por AMLO, el ambiente político se tensó en sobremanera, pues tanto el ejecutivo como la parte mayoritaria del legislativo condenaron un trabajo faccioso por parte del poder judicial, en consecuencia, anunciaron posibles acciones en su contra.

El ejemplo más claro de ello ocurrió este miércoles 10 de mayo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el jefe del ejecutivo federal condenó que la SCJN invalidara su iniciativa para modificar la vida político-electoral de México, en consecuencia, presentó la posibilidad de modificar el poder judicial.

Al respecto, sostuvo que existen conservadores que aún mantienen algo de injerencia en el poder judicial y en la Suprema Corte, por lo que teorizó que hay “nostalgia por lo de antes, por la antidemocracia, por la simulación, por las imposiciones, por la corrupción”, de tal modo que se debe de cambiar la estructura, para que sea el pueblo quien defina la conformación de los altos mandos en dicho poder.

“Eso se resuelve con el método democrático, por eso voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que jueces, magistrados y ministros sean electos, los elija el pueblo, para que se termine de una vez y para siempre el dominio de las cúpulas, y sea el pueblo el que realmente mande y gobierne”

A estas declaraciones se suman las de Hamlet García, diputado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien, desde la tribuna de la Comisión Permanente, aseguró que la SCJN violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) al tirar el Plan B, pues ignoró lo que dice el Art. 17 de la misma, el cual obliga a los tribunales a resolver los casos de fondo y no por la forma.

Fue por lo que señaló lo conveniente que resultarían, en estos casos, la aplicación de los artículos 92 y 93 de la Constitución Política de 1857, en donde se promueve un esquema democrático en el que la ciudadanía es la que pone a los magistrados de la Corte y su tiempo se acota a seis años y no a 15, como lo es ahora.

Pero el respaldo de esta idea no sólo fue por un diputado federal de Morena, a éste se le suma el posicionamiento de Gerardo Fernández Noroña, diputado por el Partido del Trabajo (PT), y Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, quienes advirtieron más medidas que se pueden promover desde el legislativo y que repercutirían en el poder judicial.

Primero, durante la sesión de la Comisión Permanente del martes 9 de mayo, Monreal Ávila recordó que existen facultades de control parlamentario que el Senado puede ejercer contra los ministros de la Suprema Corte, pero que no lo ha querido hacer como la comparecencia o el juicio político, aunque reconoció que se trata de “un tema delicado”, pero válido, cabe recordar que el juicio político puede tener como máxima consecuencia la suspensión del cargo y la inhabilitación de la función pública hasta por 10 años.

Por su cuenta, Gerardo Fernández Noroña, también abonó a la condena contra la SCJN y su actuar faccioso contra el presidente López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación (4T). Por lo que advirtió que habrá acciones una vez que inicie el próximo periodo de sesiones en el poder legislativo, pues irán por un fideicomiso en el poder judicial.

“…y tienen un fideicomiso, vamos a ir por el fideicomiso, van a ver. Ya llegaron a su límite. Vamos a hacer una serie de reformas al poder judicial, les vamos a quitar sus privilegios”