Luego de que la oposición en el congreso lograra reelegir a las autoridades legislativas y a pocos días de que Guillermo Lasso cumpla dos años en el mandato; el presidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, Virgilio Saquicela, convocó al Jefe de Estado para este martes 16 de mayo para que ejerza su derecho a la defensa en el juicio político impulsado por los legisladores correístas con apoyo del partido Social Cristiano y facciones de las bancadas indigenista y de la Izquierda Democrática.
La sesión iniciará a las 10h00 (hora local) y se extenderá hasta cinco horas. Según la Ley de la Función Legislativa, los interpelantes expondrán sus argumentos en un tiempo máximo de dos horas y el presidente podrá defenderse por tres horas. Este es el primer momento de la sesión de juicio político.
Una vez que el presidente Lasso termine su defensa, inicia una segunda etapa en la sesión: el debate. Todos los asambleístas que deseen podrán pedir la palabra y presentar sus argumentos a favor o en contra del enjuiciamiento. Cada congresista tendrá 10 minutos para su intervención. En Ecuador, la Asamblea Nacional está compuesta por 137 legisladores. Es decir que, si desean, podrán participar todos en el debate.
Cuando el debate termine, el presidente de la Asamblea tendrá un plazo máximo de cinco días para convocar a la votación en la que se decidirá la destitución de Guillermo Lasso. Para lograr que el mandatario deje su cargo se necesitarán 92 votos favorables para la censura. De acuerdo al comportamiento de la votación para las elecciones de las autoridades del Legislativo, la oposición sí contaría con los votos para destituir a Lasso, esto pese a que la bancada oficialista aseguró que “el juicio político está caído”.
La interpelación, defensa, debate y votación podrán celebrarse en varios días al tratarse de una sesión extensa, pero todo dependerá del juego político que permita, a la oposición o al oficialismo, obtener los votos.
En caso de que la oposición no logre los 92 votos para sacar al presidente, el juicio político se archivará y no podrá convocarse otro proceso similar en contra del mandatario. Esto significa que Lasso podría continuar en su cargo hasta el 2025.
La acusación
Los proponentes del juicio político acusan a Guillermo Lasso de tener responsabilidad política –no penal, porque no le compete al Legislativo– sobre un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una empresa que presta el servicio de transporte de crudo.
Aunque en los argumentos presentados por los legisladores proponentes ante la Corte Constitucional, que dio un dictamen favorable para el inicio del proceso, se aseguraba que en julio de 2022 “firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool”, durante la sustentación de evidencias en el Legislativo, la defensa de Lasso pudo demostrar que el contrato que mantiene la empresa pública con el pool fue suscrito antes de que Lasso asuma la Presidencia.
Frente a esta evidencia, la legisladora correísta Viviana Veloz, proponente del juicio político, aseguró el pasado 9 de mayo que el gobierno de Lasso “sí firmó un nuevo contrato” y se refirió a una adenda de octubre de 2022. Según varias fuentes de derecho, la adenda es entendida como la adhesión o modificación de términos en un contrato existente y no es un contrato.
Pese a esto, la oposición de Lasso sostiene que el mandatario sí incurrió en peculado al nombrar al exfuncionario Hernán Luque como coordinador de las empresas públicas y al no terminar el contrato con Amazonas Tanker y permitir su renovación, pese a que existían serios indicios sobre corrupción. El peculado puede entenderse como: “abusar, apropiarse, distraer o disponer arbitrariamente de recursos públicos”.
Una de las legisladoras proponentes, Mireya Pazmiño, en su calidad de presidenta de la Comisión de Régimen Económico del congreso, poco tiempo antes de que iniciara el trámite de juicio político en contra de Lasso, impulsó la aprobación de un informe dentro de la comisión en en el que se recogían los beneficios que el Estado obtenía del contrato entre Flopec y Amazonas Tankers. En el plano penal, Pazmiño es investigada por tráfico de influencias a partir de la denuncia que el legislador Fernando Villavicencio impuso por la elaboración de dicho informe.
Entre la destitución y la disolución del congreso
Si la oposición logra al menos 92 de 137 votos para destituir a Lasso, el actual presidente de Ecuador deberá dejar su cargo. Alfredo Borrero, vicepresidente del país, asumiría la Presidencia, según ordena la Constitución.
Sin embargo, en Ecuador ya hubo un caso anterior en el que el congreso destituyó a un presidente y no permitió que la vicepresidenta se quedara en el mandato, pues el presidente del congreso se posesionó como presidente interino. Esto sucedió el 6 de febrero de 1997, con el entonces presidente Abdalá Bucaram, que fue declarado con incapacidad mental para continuar en el cargo. En ese momento le correspondía asumir a Rosalía Arteaga, vicepresidenta de Bucaram, pero ella solo estuvo pocos días en el poder porque el Congreso no reconoció la sucesión constitucional y declaró a Fabián Alarcón como presidente. A este momento en la historia política de Ecuador se lo conoce como la Noche de los tres Presidentes.
Algunos analistas sostienen que el escenario de 1997 podría repetirse, aunque la Constitución y las leyes vigentes no lo prevén.
Otra de las opciones que el gobierno de Lasso tiene sobre la mesa es utilizar el recurso constitucional conocido popularmente como muerte cruzada, que se refiere a la capacidad del presidente para decretar la disolución anticipada del congreso y convocar a nuevas elecciones. Este recurso también puede ser utilizado por la Asamblea Nacional en una ocasión durante los primeros tres años de mandato del presidente. Los legisladores ya intentaron destituir a Lasso a través de la muerte cruzada en junio de 2022, pero no obtuvieron los 92 votos necesarios.
Si Lasso opta por decretar la disolución del congreso y convocar a nuevas elecciones deberá utilizar una de las causales permitidas. Según la Constitución de Ecuador, el mandatario podrá invocar este recurso “cuando, a su juicio, (la Asamblea Nacional) se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
El experto en derecho constitucional, Esteban Ron, dijo en una entrevista televisada que Lasso podría decretar la disolución del parlamento en cualquier momento incluso cuando los legisladores estén reconsiderando la votación para destituirlo. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional ha asegurado que Lasso no puede utilizar este recurso.
Sin embargo, si el presidente Lasso decide decretar la muerte cruzada, los legisladores deberán abandonar sus curules. Si no lo hacen, incurrirían en desacato por lo que la Fiscalía y la Policía podrían detenerlos en flagrancia y obligarlos a dejar la sede del Legislativo.
Si el decreto se aplica, Lasso deberá no solo disolver al congreso sino convocar a elecciones anticipadas. Mientras los comicios se organizan, podrá gobernar bajo decretos ley que deberán obtener un dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional.
El juicio político se desarrolla en medio de la poca aceptación ciudadana a la gestión del Presidente de la República y de la Asamblea Nacional. En ambos casos, su popularidad no llega ni al 20%.
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