El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional del Poder Judicial realizará este martes 9 de julio a partir de las 9:00 a.m; una audiencia más por el caso Cócteles, en el que la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otros 45 investigados son acusados de delitos que van desde el lavado de activos hasta la obstrucción a la justicia. Todo ello, bajo la tesis de que el partido fujimorista era en realidad una organización criminal que operaba con la política y su cúpula más cercana mediante la estrategia de aportación del “pitufeo”, mediante la recepción de aportes ilícitos para la campaña electoral del 2011.
Las investigaciones se ciernen sobre la recepción de dinero presuntamente irregular proveniente de presuntas “coimas” recibidas por la empresa constructora Odebrecht de manos del representante de dicha empresa en Perú, Jorge Barata, para la campaña electoral de su partido y cuya aportación no fue bancarizada; sino que, en cambio, lo repartió entre varios falsos aportantes y, junto a otros montos otorgados por otras empresas fue depositada por medio de montos menores, rifas y eventos cócteles falsos que nunca se llegaron a realizar, según la tesis de la Fiscalía.
Empresarios señalados de dar aportes no bancarizados a Fuerza Popular
Pero esta no es la única empresa cuestionada sobre la que la Fiscalía ha avocado sus pesquisas. Según lo que se pudo conocer por los alegatos de apertura del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, en fechas anteriores; el Ministerio Público también ha advertido la entrega de fondos en favor de Fuerza Popular por parte de otros empresarios como Dionisio Romero, Juan Rassmuss; entre otros que no fueron bancarizados y cuyas entregas hacia la presunta organización criminal fueron realizadas mediante maletas, bolsas, tápers y otros medios.
Además de estas acusaciones de lavado de activos y de obstrucción a la justicia, el Ministerio Público también acusa a la política y a otros miembros y exmiembros de su partido de delitos como falsa declaración en proceso administrativo, y falsedad genérica. Todo ello, en un proceso investigativo que ha tenido una duración de 10 años y que, según lo aseverado por Domingo Pérez, corresponde a un hecho que se ha perpetuado en el tiempo.
“A Keiko Fujimori Higuchi también se le imputa en calidad de autoría inmediata por dominio de la voluntad en aparatos organizados del poder. Líder de una organización criminal en el interior de Fuerza Popular, miembro conjuntamente con la cúpula, orienta, coordina, dispone u ordena la ejecución de actos de transferencia de 16 millones 706 010.44 a través de pagos de campañas de elecciones 2011; dinero mezclado que luego se ve reflejado en las cuentas de rendiciones del partido […] el objetivo era ocultar la identificación del origen”, refirió el fiscal del Equipo Especial Lava Jato el pasado 11 de julio.
Contra Keiko Fujimori, la Fiscalía, de mano de José Domingo Pérez, ha solicitado un total de 30 años de prisión efectiva, lo que significa, la cárcel, por estos delitos, en las mismas acusaciones se encuentran comprendidos otros miembros de la cúpula fujimorista como Mark Vito, Ana Herz, Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona, entre otros.
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