ROMA (AP) — Una jueza en Cerdeña dijo a The Associated Press que ha ordenado la liberación de Carles Puigdemont, que estaba preso en la isla y que incluso podrá viajar antes de una audiencia sobre su extradición prevista para el 4 de octubre.
España quiere juzgar a Puigdemont por sedición al dirigir un intento secesionista de la región española de Cataluña, de la cual era presidente en ese momento.
Puigdemont fue detenido el jueves por la noche al arribar al aeropuerto de Alghero en Cerdeña. Se le había invitado a asistir a un evento cultural catalán y a reunirse días después con simpatizantes de la independencia sarda en la isla mediterránea.
Cerdeña tiene fuertes lazos culturales con Cataluña y su propio movimiento independentista.
La policía trasladó a Puigdemont a una cárcel en la ciudad de Sassari el jueves por la noche después de detenerlo bajo una orden internacional en el aeropuerto de Alghero, una ciudad en la costa noroccidental de la isla y sede de un tradicional festival folclórico catalán al que el dirigente pensaba asistir.
El arresto de Puigdemont provocó conmoción en España, donde la independencia catalana es causa de profundas divisiones desde hace décadas. Los separatistas reclamaron su libertad y convocaron a manifestaciones, mientras los partidos de centroderecha dijeron que debía responder a la justicia.
El presidente del gobierno español Pedro Sánchez dijo el viernes durante una visita oficial a las islas Canarias que respeta “todos los procedimientos judiciales que se abran en España, en Europa y, en este caso, que se puedan tomar en Italia”.
Sánchez, quien inició recientemente conversaciones directas con las autoridades regionales catalanas, dijo que “el diálogo es la única vía de poder reencontrarse los catalanes que piensan de distinta manera y reencontrarse los catalanes con los ciudadanos que viven en el resto de España”.
Poco menos de la mitad de los catalanes quieren separarse de España, de acuerdo con las encuestas. La mayoría de los españoles se oponen a la independencia catalana.
El meollo del problema legal inmediato es si la orden de arresto de Puigdemont emitida por España es válida. Su abogado en España, Gonzalo Boye, explicó el jueves que el político independentista estaba detenido en Italia con base en una euroorden de arresto de 2019, que había sido suspendida.
En última instancia corresponde al ministerio de Justicia italiano aprobar o denegar la extradición. La Corte Suprema española, que emitió la orden de arresto europea, no hizo declaraciones.
Puigdemont y otros políticos independentistas catalanes huyeron a Bélgica en octubre de 2017 por temor a ser detenidos tras celebrar un referéndum de independencia regional que había sido ilegalizado por el poder judicial y el gobierno.
Nueve políticos y activistas recibieron más tarde penas de prisión de entre nueve y 13 años por su participación en la consulta. Fueron indultados en julio pero Puigdemont, que estaba prófugo de la justicia, no.
El líder catalán tiene un escaño en el Parlamento Europeo, aunque la cámara comunitaria le retiró la inmunidad parlamentaria.
En un comunicado sobre el arresto de Puigdemont en Cerdeña, el gobierno español dijo que “obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que debe responder de sus actos ante los tribunales”.
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La periodista de The Associated Press Renata Brito en Barcelona contribuyó a este despacho
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