Jueces y fiscales europeos próximos a JJpD y UPF ven "transparencia" en la nota de Fiscalía sobre la pareja de Ayuso

La Asociación de Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades (MEDEL), de la que en España forman parte Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), considera una “garantía de transparencia” la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto G. A., pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal del caso de supuesto fraude fiscal.

A través de una nota, recogida por Europa Press, MEDEL muestra su “preocupación” por el estado de la Justicia en España y menciona lo acontecido con esa nota, de la que asumió la responsabilidad el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Una nota por la que, cabe recordar, el novio de Díaz Ayuso presentó una querella, admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto Torres por la presunta comisión de un delito revelación de secretos.

MEDEL señala que “respeta” el procedimiento judicial abierto por el alto tribunal madrileño “para verificar, de forma independiente e imparcial, si se han cometido actos ilegales de cualquier tipo”.

Eso sí, la asociación subraya que “deben garantizarse las condiciones que permitan a la Fiscalía General del Estado, órgano de relevancia constitucional integrado en el Poder Judicial, ejercer sus funciones de forma autónoma e independiente”.

Con todo, defiende que “una correcta información representa un deber para con los ciudadanos y una garantía de transparencia, que es a su vez un componente crucial del Estado de Derecho y una precondición para asegurar la confianza pública en el correcto funcionamiento del sistema judicial”.

MEDEL incide en que el respeto al Poder Judicial en su conjunto y a las instituciones que lo forman “es esencial para el normal funcionamiento del Estado de Derecho”.

Y PREOCUPADOS POR EL CGPJ

Además, MEDEL ha vuelto a instar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la “anomalía democrática” de que lleva cinco años en funciones, “lo que supone un inaceptable incumplimiento mantenido en el tiempo de los postulados constitucionales que exigen su renovación cada cinco años”.

La asociación reclama a las autoridades españolas competentes que se realice la renovación del órgano de gobierno de los jueces, porque esta situación –avisa– “está provocando importantes disfunciones en el servicio público que presta el Poder Judicial”.