La Junta Nacional de Justicia (JNJ) reaccionó este viernes a la demanda competencial que la fiscal general, Patricia Benavides, presentó en la víspera ante el Tribunal Constitucional (TC) para solicitar la nulidad de dos investigaciones preliminares seguidas por el organismo.
Las pesquisas están asociadas a presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que sigue la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’; y al supuesto uso de su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico.
Según un pronunciamiento difundido por la JNJ, la demanda afirma que estos procesos “interfieren en los ‘actos de gobierno’ de la fiscal de la Nación [y] busca, en consecuencia, limitar la competencia disciplinaria para que no pueda investigar infracciones producidas en el marco de actos de gestión o administración interna, como nombramientos, remociones de personal u otras análogas”.
El organismo se declaró respetuoso de “la autonomía del Ministerio Público”, de manera que “no interfiere en los actos de gobierno de la fiscal de la Nación y no afecta ninguna de sus competencias de orden administrativo o de cualquier otro orden”.
“No obstante, sí investiga presuntas infracciones disciplinarias de todos los jueces y fiscales del país, las mismas que pueden producirse en ámbitos diversos, como el propio de la gestión administrativa. Ello ocurre en aplicación estricta de las respectivas leyes de carrera judicial y fiscal, que tipifican el conjunto de infracciones en las que pueden incurrir los magistrados”, se lee en la misiva.
Bajo la óptica de la JNJ, “la pretensión contenida en la demanda traería consigo, al margen de las investigaciones que atañen a la fiscal de la Nación, el riesgo de creación de un espacio de impunidad frente al control disciplinario” que le corresponde.
“Muchos de los ilegales intercambios de favores de los que el país ha sido espectador a partir de la develación en 2018 de graves inconductas de algunos magistrados, no habrían sido investigados y sancionados por la JNJ, bajo una interpretación como la que se pretende en la demanda, al estar referidos, precisamente, a designaciones de magistrados provisionales y movimientos de personal, que afectaron gravemente el interés público y la dignidad de la magistratura”, continuó.
En desarrollo.
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