A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) mediante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, solicitó al Gobierno implementar un plan de seguridad que permita dar garantías de protección a exguerrilleros de las Farc tras la situación de desplazamiento por amenazas en el Meta.
El llamado se enfocó, principalmente, al Alto Comisionado de Paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. La JEP también se dirigió al Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Defensa.
La mención dirigida a las distintas entidades del Gobierno nacional busca que se trabaje en una estrategia de seguridad y en este mismo sentido, permitan dar cuenta del paso a paso de las acciones que se ejecutan en el objetivo de garantizar la protección de la vida de los firmantes del Acuerdo de Paz.
En un trino publicado en horas de la mañana del 25 de marzo de 2023, la JEP señaló lo siguiente:
“La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP solicitó a diferentes entidades del Gobierno que informen acerca de las condiciones de seguridad de los firmantes que en los últimos días denunciaron amenazas y desplazamientos de Mesetas, Meta”.
A la solicitud, la JEP añadió que este plan no solo deberá informar acerca de los planes asumidos para la seguridad de los firmantes, sino que también incluiría información en relación con las “condiciones de reincorporación individual, colectiva, política, económica y social”.
De acuerdo con lo que señaló el documento, la magistrada Reinere Jaramillo Chaverra, a través del Auto SAR AT-106-2023, indicó que las entidades contarán con cinco días hábiles para entregar a la JEP estos informes y la presentación del plan que se desarrollará para atender la situación de desplazamiento que se registra en la zona.
La denuncia del Partido Comunes sobre la situación de los firmantes en Antioquia
Desde el senado, Omar Restrepo, del Partido Comunes, también hizo un llamado al Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro, pero también a otras entidades como al Alto Comisionado de Paz y la Procuraduría General de la Nación sobre la situación que se viene registrando, esta vez, en el nordeste de Antioquia.
Con carta en mano, el senador señaló que grupos ilegales, entre ellos el Clan del Golfo, sigue generando temor entre los firmantes luego de que se registraran amenazas en su contra que habrían generado el desplazamiento de muchos de ellos en el municipio de Anorí.
Una muestra de ello, indicó, fue la instalación de un retén ilegal presuntamente por el grupo ilegal y que se ubicó en Libera, El Charcón, donde se habrían cometido distintos actos de violencia y atropello en contra de la población.
“La presencia de diferentes grupos armados que los vienen amenazando, se les viene ultrajando, se les viene maltratando y se les viene atropellando su integridad física y entorpeciendo su seguridad para ellos desarrollar su actividades productivas, políticas y sociales en esta subregión”, informó el senador.
La denuncia cobra especial importancia dado que se supone que el Clan del Golfo es uno de los grupos que se ha acogido a la propuesta del cese bilateral del Gobierno nacional en el acuerdo de la Paz Total.
Sin embargo, este no es el único caso de violencia en contra de los firmantes, dado que también se ha conocido que las autoridades ya tienen información acerca de otras situaciones similares que se registran en distintas partes del país, especialmente en la región de Antioquia y que están afectando a firmantes de Sonsón, Rionegro, Nariño y Argelia.
El senador también aprovechó para hacer un llamado a los grupos ilegales indicando que:
“… se les exige a estos grupos que no se aprovechen de la generosidad del gobierno para ellos afianzar y consolidar su poder armado en estos territorios afectando la tranquilidad de las comunidades”.
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