Es Jalisco el estado en el que más personas desparecidas y no localizadas se reportan en México, pues actualmente acumula el 14.3% del total nacional. De acuerdo con el datos del gobierno federal, en el país se registran actualmente 105 mil 110 personas desparecidas (de marzo de 1964 a agosto de 2022), de las cuales 15 mil 034 corresponden a la entidad de occidente.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Universidad de Gualadajara (UdeG) se pronunció sobre la problemática que acontence en el estado y acusó de falta de políticas públicas efectivas para hacerle frente, además de tener “un gobernador que prefiere ocultar el problema”, entre otra razones que contextualizan la situación actual.
Según lo aseguró la doctora Dolores del Carmen Chinas Salazar, integrante del Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el mandatario Enrique Alfaro hace frente a la situación eligiendo “desentenderse de ella o adoptar una narrativa de avance que no corresponde con los hechos. La tendencia es a borrar, ignorar o a hostigar los reclamos que demandan soluciones que no se están generando”.
En el registro nacional se contemplan dos figuras, la de Personas Desaparecidas y la de No Localizadas. La diferencia sustancial entre ambas según lo estipula la ley mexicana, es que en la primera se relaciona la ausencia o desconocimiento en el paradero de una persona con la comisión de un delito (como reclutamiento de trabajo forzado por parte del crimen organizado, feminicidios o delitos entre particulares), mientras que la segunda no hay tal vínculo.
Sin embargo, en un análisis profundo de la coyuntura, los académicos jaliscienses calificaron lo acontecido en el estado como una “crisis humanitaria”, pues estiman que cada día cuatro personas desaparecen y apenas una regresa a casa, “pero se piensa que esta cifra puede ser mayor, de entre 9 y 10 personas desaparecen, si se considera el promedio de casos en los últimos años”.
El comité también señaló de manera contundente que desaparecer podría ser considerado como sinónimo de muerte debido a la cantidad de fosas clandestinas (una por semana, en promedio) y restos de cuerpo humanos que se encuentran, muchas de es estas labores principalmente llevadas a cabo por colectivos de familiares y no por las autoridades.
“Ante la creciente desaparición de personas, se han generado principios, normas y recomendaciones tanto a escala estatal, federal e internacional que, en Jalisco, sencillamente son ignoradoas o se atienden muy tardíamente. Buena parte de la legislación estatal en materia es letra muerta”, enfatizó el informe de la UdeG.
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