Túnez, 28 ago (EFECOM).- El Banco Central de Túnez (BCT) y la empresa pública italiana Caja de Depósitos y Préstamos (CDP) firmaron este miércoles un préstamo de 50 millones de euros en el marco de un acuerdo intergubernamental para apoyar el presupuesto del Estado, que arrastra una deuda pública de cerca del 80% de su PIB.
El contrato fue firmado por el gobernador del BCT, Fethi Zouhaier Nouri, y la responsable de promoción empresarial y gestión de carteras de cooperación internacional del CDP, Antonella Baldino, en el marco de un acuerdo alcanzado en abril pasado para financiar el programa de apoyo al presupuesto estatal.
Este acuerdo tiene como objetivo reforzar la colaboración en el sector energético, principalmente para llevar a cabo reformas estructurales con el fin de fomentar la producción autosostenible de electricidad a partir de fuentes renovables y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
El pasado mes de febrero el Parlamento aprobó una ley para autorizar al Banco Central a financiar “excepcionalmente” bonos del Estado por valor de 2.000 millones de euros- sin intereses y con la posibilidad de reembolsar en diez años- para pagar las deudas externas del país.
Después de alcanzar un acuerdo inicial con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a finales de 2022 para un crédito de 1.900 millones de dólares, el presidente Kais Said lo rechazó por temor a protestas sociales ante medidas impopulares como la retirada de subvenciones, la privatización de algunas empresas públicas o limitar el número de funcionarios.
Said, que se arrogó plenos poderes en 2021 para “preservar la paz social”, aspira el próximo 6 de octubre a un segundo mandato y concurrirá frente a tres candidatos- después de que la instancia electoral rechazara 13 expedientes- el secretario del nacionalista árabe Movimiento del Pueblo, Zouhaier Maghzaoui; el empresario Ayachi Zammel; y el exministro de Sanidad y antiguo miembro del partido islamista, Abdellatif Mekki.
Human Rights Watch (HRW) ha denunciado un contexto de “creciente represión” a medida que se acercan las elecciones de octubre.
Mientras, la mayoría de opositores que anunciaron su intención de concurrir están siendo o han sido procesados por la Justicia, varios han sido detenidos o condenados a penas de cárcel, mientras a otros se les ha impedido obtener el certificado de antecedentes penales, imprescindible para registrar su candidatura.EFECOM
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