El Instituto Peruano del Deporte (IPD) se encuentra bajo la lupa nuevamente. Esta vez, por los privilegios que tendrían los funcionarios ante la realización de conciertos de artistas internacionales en el Estadio Nacional. Con entradas Vip y más de una entrada tendría cada persona, así lo revela la larga lista que obtuvo acceso Punto Final.
Entre policías, exministros y funcionarios se encuentran en la lista de beneficiarios que pueden asistir a estos eventos con amigos o familiares de manera gratuita. Entre uno de ellos, está Jeremías Huamán Ramírez, quien fue nombrado asesor de la presidencia del IPD por recomendación del exmandatario Castillo.
Un privilegio que habría tenido Huamán Ramírez a solicitud de él mismo, según el citado medio. Fueron 225 entradas que obtuvo para el concierto de Bad Bunny. De total de boletos, 75 eran de Zona Playa (S/51 mil), 55 Platinum (S/26 mil), dos vio (S/700), 18 Palco occidente (S/4.000) y 75 Cabinas (S/30 mil).
Es decir, el asesor recomendado por el exmandatario se le asignó un total de S/111 mil 700 al recibir las entradas. No obstante, el funcionario ha negado la entrega de este beneficio, la cual claramente no ha podido ser para beneficio propio.
“Es falsa tu afirmación, porque a mí no se me ha asignado nada. El principal responsable es el representante de la entidad, porque hacia él van las entradas”, señaló.
Una solicitud con privilegio
Juan Carlos Chávarri, expresidente del IPD, afirmó que Huamán fue “recomendado” e incluso fue quien le hace la solicitud de estos boletos que tiene acceso gratuito. “Él me pide para entregar a los funcionarios de Palacio de Gobierno. Me pidió algo de 300. Entonces, se le da 100 para una fecha y 115 en otra”, señaló.
Asimismo, Chávarri asegura que el entonces recomendado mostró su molestia, ya que no existía la cantidad que había pedido en un primer momento. A pesar de ello, se le entregó, pero no firmó la hoja que acredita que recibió.
Robert Castillo, exasesor de Presidencia de IPD, aseveró que una vez le cuestionó la cantidad de entradas que había solicitado y este respondió que tenía que atender “a tal persona”.
“Es más, permítame que lo diga, un congresista conocido además, déjame que lo guarde de reserva.
Por su parte, la abogada Romy Chang indicó que se podría tratar de un delito “de corrupción de funcionarios”. Esto debido a que no se estaría entiendo con claridad el fin de estas entradas que son otorgadas a la institución.
“Creo que aquí hay una confusión de conceptos. Las entradas en cortesía no son para una persona, son para la institución que son representadas por una persona y para que sean utilizadas en beneficio de la institución, no de interés personales y particulares”, señala.
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