El Invías no tendrá que pagar los 135.203 millones de pesos que pretendía el Consorcio SES Puente Magdalena por las obras del puente Pumarejo, sobre el río Magdalena en la vía Barranquilla – Santa Marta. Así lo definió en un laudo arbitral el Tribunal Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Desde Sacyr —firma que hace parte del consorcio— manifestaron su descontento por la negación de sus pretensiones.
“Se declararon no probados los perjuicios solicitados por el Consorcio SES Puente Magdalena, y en consecuencia no se profirió ninguna condena contra el Instituto denegando las pretensiones del consorcio”, señaló la directora jurídica del Invías, Sandra Cuenca, según la citan en El Heraldo.
El Puente Pumarejo es una estructura de 2,3 kilómetros de longitud y 38 metros de ancho ubicada sobre el río Magdalena a la altura de Barranquilla. El puente tuvo, en total, una inversión de $800 mil millones para conectar a Barranquilla con el departamento del Magdalena y el interior del país.
Las pretenciones del Consorcio SES
En el proceso, que comenzó con una demanda interpuesta en 2021, el Consorcio SES pretendía que el Instituto Nacional de Vías fuera condenado y respondiera por supuestos costos indirectos como consecuencia de la mayor permanencia en obra; utilización de equipos por un tiempo superior a lo previsto inicialmente como consecuencia de la mayor permanencia en obra; implementación de equipos adicionales como consecuencia de la mayor permanencia en obra; mayores costos de mano de obra como consecuencia de la mayor permanencia en obra y obras ejecutadas no pagadas.
En el laudo del Tribunal se declararon no probados los perjuicios solicitados por el Consorcio SES Puente Magdalena, y en consecuencia no se profirió ninguna condena contra el Instituto denegando las pretensiones del consorcio. El Invías también demostró que obró bajo los principios de planeación, eficiencia y transparencia durante la ejecución del contrato del emblemático nuevo Puente Pumarejo sobre el río Magdalena. En la decisión del Tribunal tampoco hubo condena en el pago de costas.
Entre los argumentos de la firma estaban que los estudios de diseño fueron cambiados en 2015, pese a haber sido aprobados inicialmente en 2011. Este cambio se dio por el cambio en las normas técnicas para la construcción de puentes en Colombia. También argumentaban, con datos del Ministerio de Transporte, que las obras inicialmente tenían un costo de $615 mil millones, pero al final se tuvieron que pagar $800 mil millones por las modificaciones hechas.
Hay que advertir que la fecha inicial de entrega de la obra era mayo de 2018, que no se cumplió y a la que se le dio una prórroga hasta diciembre de 2018, plazo que tampoco que se cumplió. Esto motivó, en noviembre de ese año, a que el Estado colombiano anunciara la inyección de $122.000 millones para terminar la obra. El puente fue inaugurado, finalmente, en diciembre de 2019.
En 2022, la Contraloría General de la República encontró siete hallazgos con presunta incidencia fiscal por un valor superior a los 50 mil millones de pesos (50.155.113.567) en un Auditoría de Cumplimiento que realizó al Invías, sobre 42 contratos por 1.7 billones de pesos. El hallazgo con presunta incidencia fiscal de mayor cuantía corresponde al contrato para la construcción del nuevo Puente Pumarejo, en Barranquilla. Advirtiendo que estos podría representar un detrimento patrimonial de 25.296 millones de pesos.
La firma Sacyr no quedó contenta con la decisión del Tribunal
Desde la firma española, a través de una nota aclaratoria, expresaron su descontento con la decisión del Tribunal de Arbitramento, advirtiendo que si bien respetan la decisión no comparten que se las haya negado la compensación que pretendían. También recordaron que el contrato fue ejecutado en su totalidad y que desde 2019 está en funcionamiento en condiciones seguras.
“Somos respetuosos de los fallos arbitrales, pero no compartimos –el que ante estos argumentos– no se haya obtenido compensación”, se lee en el documento.
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