Lo que empezó como una denuncia menor de una contribuyente perjudicada por maniobras de su ex contadora infiel se convirtió en una investigación judicial que involucra a tres grandes empresas de distribución de energía eléctrica del país: Edelap, Edea y Edenor. Esta última es la mayor distribuidora del país controlada por Pampa Energía, empresa madre del empresario Marcelo Mindlin. Edelap y Edea tienen la prestación del servicio en la costa y el centro de la provincia de Buenos Aires y son parte del mismo grupo económico, DESA, cuyo titular es Rogelio Pagano, a su vez ex directivo de Edenor y Pampa Energía.
Las tres eléctricas están siendo investigadas por la contratación de un grupo de pymes para servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y ejecución de obras, en la que se habrían usado facturas con sobrecostos o apócrifas, con supuestos fines de evasión o desvío de dinero en negro entre 2015 y 2018.
La causa se inició en junio de 2017 a partir de la denuncia de Miriam Carignano, quien al cambiar de contador descubrió que aparecía facturándole a empresas y a otra contribuyente, a las que no conocía.
A partir de la denuncia original de la damnificada, la AFIP analizó la facturación de estas pymes que hacen tareas de construcción y obras de reparación a las que supuestamente la mujer le había emitido facturas a su nombre por la intervención de su ex contadora, Verónica Elizabeth García, a la que luego denunció. Los involucrados en la maniobra eran una particular, Liliana Esther Paiva, y las firmas Constructora Vista SA, Construcciones y Servicios Electricos CySE SA, Zentra SA. También aparece implicada Montecito SA.
Del análisis de su facturación, el organismo fiscal detectó que entre sus clientes más relevantes se encontraban Edelap y Edea. Posteriormente, surgió que también eran contratistas de Edenor. El monto total de la facturación de estas pymes y de Paiva a las tres empresas eléctricas asciende a $666 millones.
La AFIP también se encontró con facturas de estas pequeñas empresas presuntamente “infladas” y/o apócrifras por servicios que no se habrían prestado en su totalidad, o que habrían tenido sobreprecios. La sospecha es que parte de ese “sobrecosto” o montos facturados podrían haber vuelto a Edelap, Edea y Edenor como dinero en negro, o sea por fuera de la contabilidad registrada de las empresas. También encontró que las pymes tenían acreditaciones bancarias que no se condecían con sus declaraciones juradas o pagos ingresados.
El organismo fiscal determinó, asimismo, que –excepto CySE- no tendrían la estructura requerida para el nivel de facturación informado. En un allanamiento a una de estas pymes realizado en 2018, los funcionarios judiciales se encontraron con una pequeña oficina, una empleada y una computadora. ”No tenían el personal, ni los bienes de uso, ni un flujo de dinero acorde al monto que facturaron por los servicios prestados. Servicios que habrá que establecer si se hicieron o no”, sostuvo una fuente con acceso al expediente.
Además, entre las firmas contratadas por las distribuidoras eléctricas se repetían los nombres de los directivos accionistas -uno de ellos era la propia Paiva-, tenían el mismo contador y compartían domicilios. La AFIP también detectó que los proveedores declarados por Paiva eran, en su mayoría, apócrifos.
Esto hizo que el organismo recaudador presentara otra denuncia, que amplió la investigación judicial original. La causa está en manos del juez federal de San Martín, Emiliano Canicoba, y el fiscal federal Paulo Starc. El magistrado dispuso en 2018 el allanamiento, además de las Pymes, de las oficinas de Edelap y Edea.
Hasta ahora no hubo llamados a indagatorias ya que todavía no se determinó con exactitud el monto de la presunta evasión. De hecho, la causa pareció no haber registrado grandes avances hasta que, el 19 de febrero pasado, fue también allanada la sede central de Edenor, en Av. Libertador al 6300. La noticia no trascendió en ese momento y recién fue revelada por el diario Perfil el fin de semana pasado.
Ese mismo día se realizó otro operativo en la consultora PwC Argentina (ex PriceWaterhouse Coopers), una de las “cuatro grandes” a nivel global, dedicada a la auditoría contable y al asesoramiento legal y fiscal. Si bien esta firma no está bajo investigación, el operativo se concretó para retirar la documentación vinculada a la contabilidad de Edenor.
Según puso saber este medio, aún está pendiente el análisis de la copia digital del servidor y material contable que se secuestró en Edenor y PwC, en presencia de los abogados de las partes.
Las pymes contratadas
Construcciones Vista SA, Zentra SA, Liliana Paiva y CySE SA comparten varios domicilios y oficina en los partidos bonaerenses de Bella Vista y San Miguel, y en la Ciudad de Buenos Aires. La única que tiene una mayor envergadura es CySE. En su página web se presenta como “Líderes en obras eléctricas”, e informa entre sus clientes a Edenor y Edelap.
Infobae llamó ayer a esta firma creada en 2016 -cuyas oficinas están en Manuel Fraga 1731 (San Miguel)-, y si bien quedaron en devolver el llamado, finalmente no lo hicieron. Este medio también trató de hablar con Vista SA -constructora fundada en 2014- y Zentra -un año antes- pero no tienen página web, ni datos de contacto en internet. La misma situación se dio con Montesito SA. En tanto, el teléfono de Paiva disponible en la guía telefónica y en la base de datos comerciales Nosis no corresponde a un abonado en servicio.
“Cuesta creer que las empresas eléctricas no hayan hecho un chequeo de las empresas que iban a contratar para los trabajos y su capacidad operativa. También que no detectaran que sus dueños y directivos eran prácticamente los mismos”, señaló ante Infobae una fuente al tanto de la causa.
Qué dicen las distribuidoras eléctricas
Ante la consulta de este medio, desde Edelap y Edea sostuvieron que “las empresas realizan sobre sus contratistas las verificaciones previstas en las distintas normativas (seguridad e higiene, laboral y fiscal), incluyendo la dotación de su personal. Estos proveedores se encontraban en situación correcta ante la AFIP y se constató que los servicios fueron efectivamente prestados y que se proveían a costos según valores de mercado”.
También advirtieron que Liliana Paiva, Vista SA y CySE SA “fueron proveedores de servicios de mantenimiento de instalaciones eléctricas y ejecución de obras que prestaron servicio a Edelap y Edea, principalmente, durante la gestión del accionista anterior, Disvol Energía”. Y señalaron que “a partir de la adquisición por parte de DESA, el nuevo accionista desafectó varios proveedores contratados por la gestión anterior (entre ellos, Paiva, Vista SA y CySE SA), de acuerdo a sus prácticas e implementación de nuevos procesos de gestión y control de contrataciones”.
Asimismo, destacaron que “desde el inicio de la investigación se ha puesto toda la información requerida a disposición y se solicitó oportunamente que estos ex contratistas durante la gestión del accionista anterior, se presentaran para regularizar la situación, de hecho algunos han entrado en moratoria con AFIP”. Y concluyeron que tanto Edelap como Edea “se encuentran a disposición para brindar cualquier documentación que la justicia o AFIP considere necesaria para esclarecer esta causa”.
Edelap -distribuidora de la electricidad en La Plata- y Edea –prestadora del servicio en la costa atlántica y centro de la Provincia- son propiedad de Pagano, ex directivo de Edenor y de Pampa Energía. Pagana es presidente de DESA, firma que creó en 2014, y que tiene el monopolio de la distribución de energía eléctrica en territorio bonaerense, ya que es dueña también de Eden y Edes. Pagano le compró Edea y Edelap en 2017 a Alejandro Macfarlane, ex CEO de Edenor y actual presidente de Disvol Energía, dueña de Camuzzi Gas.
En el entorno de Macfarlane explicaron a Infobae que las contratistas investigadas “son conocidas en el sector de servicios, ya que brindaban servicios para Edelap, Edea y muchas otras, no sólo de distribución de energía eléctrica sino de telefonía y otros servicios”. Y agregaron: “Entendemos, incluso, que continuaron después de que las empresas fueron compradas por DESA también”.
Advirtieron que “es muy común que las empresas que brindan servicios tercerizados para compañías de distribución eléctricas no tengan sitio web” y aseguraron que “antes de su contratación, el área de compras y abastecimiento hacía los controles de rutina, contando estas empresas con todos los requisitos legales, societarios e impositivos para ser contratadas”.
Por último, negaron “rotundamente” ser parte de una posible maniobra de evasión. “Esa afirmación no pertenece a la Justicia sino a la parte denunciante. Las empresas referidas brindaron servicios efectivos para las distribuidoras eléctricas, a precios de mercado, habiendo controles cruzados de distintas áreas de las compañías previos a la certificación y pago de cada uno de los trabajos contratados, realizados y facturados. Toda la información pertinente fue puesta a disposición de la AFIP”.
Desde Edenor, en tanto, se limitaron a responder que “no se trata de una denuncia sobre operaciones de la empresa sino que es una investigación sobre un proveedor de la compañía”.
La empresa de Mindlin es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina, con 3,1 millones de clientes, según informa en su sitio web. Es la única -junto con Edesur- bajo jurisdicción nacional; el resto están bajo la órbita de las distintas provincias o municipios. Su área de concesión abarca la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires. Desde 2007 cotiza en la Bolsa de Nueva York, y de acuerdo a la información brindada por la empresa a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en 2019 obtuvo una ganancia neta de $12.129 millones.
Informe pendiente de la AFIP
De los $666 millones registrados hasta ahora en las facturas que están bajo sospecha, unos $216 millones fueron facturados a EDEA, $152 millones a Edelap –en ambos casos entre 2015 y 2017-, y $298 millones a Edenor en 2015, 2017 y 2018.
“Estos montos son preliminares y, a medida que la investigación avance, se podrá determinar qué porcentaje de esta suma –si una parte o el total- fue desviado por las empresas eléctricas para no pagar impuestos u otros fines, a partir de inflar su circuito de gastos”, explicó una fuente judicial.
También está pendiente un informe técnico de la AFIP de determinación de deuda sobre Edenor solicitado por el juez Canicoba, similar al que ya fue realizado respecto de Edea, Edelap y las pymes contratadas por las distribuidoras, que podrían haber actuado como “intermediarias” en la maniobra de evasión.
En la Justicia no descartan que pueda haber una posible defraudación al Estado y también hay sospechas de que pueda estar involucrado un empleado de la AFIP como “facilitador” de la maniobra.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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