La Policía Internacional negó en dos ocasiones activar la alerta roja contra Alejandro Sánchez, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) acusado de corrupción y detenido esta semana por una patrulla fronteriza en Texas (Estados Unidos), cuando intentaba cruzar irregularmente la frontera con México, en la localidad de Eagle Pass.
Según un informe difundido este domingo en Punto Final, desde noviembre del año pasado, Interpol Perú recibió una solicitud para emitir la notificación contra el empresario, quien debe enfrentar 30 meses de prisión preventiva. Sin embargo, la sede central en Lyon (Francia) señaló que el caso era “predominantemente político” y el pedido fue desestimado en febrero pasado.
Ese mismo mes, la justicia peruana volvió a elevar el requerimiento con pruebas e indicios contra el dueño de la casa de Sarratea —donde Castillo mantuvo reuniones extraoficiales—, pero Interpol volvió a rechazarla en un oficio cursado hace unas semanas.
“Aquí sucede algo grave y como país debemos hacer una protesta enérgica a la actuación sesgada de Interpol. […] Es una falta de igualdad de armas en un procedimiento administrativo completamente sesgado, en donde ninguno de los funcionarios competentes podemos interactuar, salvo el órgano dependiente de esta entidad, que es Interpol Perú, dijo al dominical el procurador anticorrupción, Javier Pacheco.
Por su parte, Jorge Angulo, comandante general de la Policía Nacional (PNP), declaró que la institución desconoce cómo Sánchez fugó de territorio nacional. “El Perú tiene miles y miles de kilómetros de frontera, sería bien complicado decirle por donde salió o si salió caminando, en vehículo o vuelo comercial o privado”, declaró.
El ahora detenido en el “Centro de Detención Del Río” en Texas está implicado en una presunta organización criminal que buscaba obtener “ganancias ilegales” a través de irregularidades en la adjudicación de obras públicas, un caso denominado ‘Gabinete en la sombra’.
Su paradero era desconocido desde el octubre de 2022, cuando debía presentarse ante la Justicia, después de un operativo policial en que los fiscales allanaron viviendas y oficinas de los implicados. Aunque tenía visa vigente para ingresar a EE.UU., no la empleó porque dejó el país de forma irregular. Su última salida consignada por Migraciones fue a Washintong en septiembre de 2021.
“Necesariamente, debe haber un proceso de deportación que dependiendo del caso puede demorar tres semanas o un mes”, refirió el cónsul general del Perú en Houston, Jaime Arróspide.
Sánchez es propietario de una casa en Lima que fue incautada en julio por el Poder Judicial. Castillo usó el espacio para reunirse con sus allegados y empresarios poco después de su elección como mandatario.
La Fiscalía señaló que el grupo llevó a cabo actos ilegales en las contrataciones públicas desde junio de 2021, con ausencia de reuniones formales y citas a Palacio de Gobierno, al Congreso o a los Ministerios de Economía y de Vivienda.
El Ministerio Público también acusó a la organización de construir redes de protección, llevar a cabo el encubrimiento a investigados, actos de difamación y persecución contra las entidades investigadoras.
La Cancillería ha informado “viene realizando gestiones con las autoridades norteamericanas pertinentes a fin de poder lograr su pronta expulsión para afrontar a la justicia”.
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