El Ejecutivo instaló este martes la comisión que se encargará de atender a las familias de los 28 fallecidos durante las protestas antigubernamentales desatadas entre el 8 y 21 de diciembre, tras el fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.
El grupo de trabajo, que tiene carácter temporal, realizará el seguimiento a las acciones y medidas referidas a la atención en materia de salud física y mental, acompañamiento y apoyo social para los deudos de las personas fallecidas y personas que sufrieron lesiones de gravedad, precisó José Tello, titular de Justicia y Derechos Humanos, quien la preside.
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La comisión está conformada por representantes de diferentes sectores como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de Salud, de Cultura, de Desarrollo e Inclusión Social, de Desarrollo Agrario y Riego, de Educación y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
“Esta comisión tendrá un trabajo en el más corto plazo para dar este soporte a las personas que están afectadas. Tanto a las víctimas como también a aquellas que resultaron heridas y ahí hay que ver el tema de la dimensión de la afectación”, apuntó Tello.
El compromiso del Gobierno por atender a los deudos de las personas fallecidas y a las personas heridas de gravedad en las movilizaciones sociales se ve reflejado hoy en la creación de una comisión multisectorial que garantizará el cumplimiento de estas medidas. https://t.co/aJcCOEdTRo
— José Tello Alfaro (@josetelloalfaro) January 1, 2023
El grupo también está conformado por representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, del Seguro Integral de Salud y familiares de los fallecidos y heridos, quienes recibirán soporte económico y sanitario.
“Es difícil para nosotros porque, de alguna manera, estamos recordando sucesos que son bastante lamentables que creo nos han afectado como sociedad y nos han generado un enorme dolor”, añadió el ministro.
Llamado de Boluarte
Más temprano, la presidenta Dina Boluarte reclamó una “justicia rápida” que dé respuesta a los familiares de los 28 fallecidos. “Ello evitará la inmunidad y contribuirá a la paz social que tanto necesitamos”, matizó en su discurso durante la ceremonia de apertura del año judicial.
Del mismo modo, solicitó una justicia “imparcial y oportuna” que proteja a quienes “no tienen voz”. La jefa de Estado ha pedido a los pobladores del sur del país, específicamente a los de Puno, un acercamiento para dialogar y evitar que se repita la violencia de las manifestaciones de las semanas previas, así como desechar la versión de que ella quiere “dividir a la patria”.
Declaró que le ha tocado asumir la dirección del país en plena crisis política y que “no ha sido fácil generar ese decreto de urgencia que declara la emergencia nacional”, pero que “el país se estaba incendiando, estaban tomando aeropuertos” en distintos puntos del territorio.
Las protestas, principalmente en sectores rurales del sur, menguaron hacia fines de diciembre tras la intervención militar y con las fiestas de fin de año, pero se reactivarían este miércoles.
Los manifestantes piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones al 2023. En un intento de mitigar la crisis, el Congreso aprobó hace una semana pasar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.
La declaratoria de un estado de emergencia permitió que los militares participaran en la contención de manifestaciones. La Defensoría del Pueblo ha pedido una investigación por la muerte de varios manifestantes por disparos al cuerpo.
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