Human Rights Watch (HRW) publicó este miércoles su informe final sobre las protestas sociales que se dieron contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República entre diciembre del 2022 a febrero de este año. En el documento, al que Infobae tuvo acceso, se menciona que existió un uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional contra los manifestantes.
Como es público, 60 personas perdieron la vida durante los enfrentamientos con las fuerzas del orden por exigir la renuncia de la presidenta de la República y la disolución del Parlamento. “Es probable que estas muertes constituyan ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, por las cuales el Estado es responsable”, dice HRW sobre esta situación en su informe.
La organización, con sede en Nueva York (Estados Unidos), hizo referencia también a un informe de la Defensoría del Pueblo que señala que de las muertes ocurridas en las marchas contra las altas autoridades, al menos 49 se dieron por la represión militar y policial. En esta cifra, 39 víctimas presentaron que habían sufrido impactos de balas de las fuerzas del orden.
“En al menos 39 de las 49 muertes de civiles registradas por la Defensoría del Pueblo y vinculadas con la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas, la causa de la muerte fue heridas de bala, según las autopsias, los informes de balística y los registros médicos revisados por Human Rights Watch”, se lee en el documento.
HRW señala que los peruanos que fueron asesinados, al menos 15 no participaban directamente de las protestas. Además, agrega que tres eran observadores internacionales y otros tres estaban en los lugares de enfrentamiento para ayudar a los heridos que, por cierto, resultaron ser 125, de acuerdo a datos que el Ministerio de Salud.
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