El presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, indicó que la dependencia iniciará acciones legales contra la reforma secundaria en materia electoral, conocida como Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
De acuerdo con el máximo consejero, el INE interpondrá un proceso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la inactiva presidencial sea revirada después de su aprobación en el Poder Legislativo.
Durante la presentación del informe detallado de los impactos del Plan B, el presidente del órgano electoral indicó que, tras la deliberación de tal dictamen electoral, todos los consejeros e integrantes del INE tomaron la decisión unánime de impugnar dicha reforma por atentar contra la democracia del país.
🗳️| El Consejo General del INE acuerda iniciar el proceso para impugnar el Plan B.
La solicitud fue unánime. Todas y todos los consejeros electorales lo pidieron.
La Suprema Corte tendrá la responsabilidad histórica de salvaguardar la democracia en México. pic.twitter.com/iQcp3Q08eb
— Juan Ortiz 🗳️👁🗨 (@Juan_OrtizMX) January 25, 2023
Lorenzo Córdova además detalló que, uno vez puestas en vigor las 6 leyes del Plan B electoral, se implantarán todas las acciones legales para que estas sean revertidas.
“En atención de lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico para controvertir las normas vigentes o en cuento tenga vigencia en razón de su potencial desapego de la Constricción”, indicó el presidente del INE.
Cabe mencionar que, en los recientes días, los partidos del banco opositor como el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron acciones legales ante la misma dependencia (SCJN) para impugnar la iniciativa, por lo que la solicitud del INE sería la quinta en sumarse a la lista.
De acuerdo al informe presentado por la dependencia electoral la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), General de Partidos Políticos (LGPP) y Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la promulgación de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGMIME), son las modificaciones que atentarían contra los establecimientos aún vigentes.
Lorenzo Córdova explicó que las leyes ya aprobadas tendrán injerencia en la estructura y operación del instituto en lo que se refiere a los tiempos establecidos electorales, la organización del proceso en las localidades, así como también en asuntos fiscales y sobre los miembros internos y sus funciones.
Otro de los puntos que sostiene la iniciativa reformatoria presidencial es la reducción del presupuesto al órgano electoral que costaría la liquidación de al menos 5 mil 80 personas en funcionamiento, que, de acuerdo con la dependencia, afectaría a las garantías orgánicas y procedimientos de las elecciones libres.
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