En 2015, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) recibió más de 8.9 millones de pesos (mdp) provenientes de distintas dependencias del gobierno estatal de Baja California, según las investigaciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante una sesión extraordinaria ocurrida este 18 de julio, el Consejo General del Instituto confirmó que el monto millonario corresponde a recursos proporcionados por las dependencias locales y que, a su vez, se habían descontado vía nómina a los trabajadores de la administración.
Sumado a ello, las autoridades electorales identificaron que el PRI de Baja California no reportó un ingreso en efectivo de 259 mil 189 pesos en beneficio de la organización política, del cual “se tiene certeza que fue entregado por cuatro dependencias en el ejercicio 2015″, se estipuló en la sesión.
Derivado de lo anterior, Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, ratificó una sanción conjunta al PRI de un millón 284 mil 241 pesos.
La primera sanción, por 895 mil 456.93 pesos, debido a que se acreditaron aportaciones realizadas desde diversas dependencias locales y se comprobó que “los recursos provenían de descuentos realizados a los trabajadores del Gobierno de Baja California”, determinó el Consejo General.
Por otro lado, la segunda sanción contempla un monto de 388 mil 784.29 pesos, debido a las aportaciones en efectivo no reportadas por el partido.
Asimismo, la autoridad electoral comentó que el PRI no ofreció respuesta alguna en términos de alegatos o ampliación del objeto de investigación.
Cabe subrayar que el titular del Gobierno de Baja California en 2015 era el panista Francisco Vega de Lamadrid, también conocido como “Kiko” Vega.
En noviembre 2019, tras tomar posesión como mandatario de Baja California, Jaime Bonilla Valdez presentó una denuncia contra “Kiko” Vega, así como contra varios de sus colaboradores, por su presunta responsabilidad en varios delitos, los cuales tienen que ver con un posible daño al erario de más de 1, 200 millones de pesos.
De acuerdo con el expediente 0202-2019-42685 que integró la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE), la denuncia interpuesta es por la comisión de 10 delitos, entre los cuales se encuentran abuso de autoridad, cohecho, peculado y hasta falsificación de documentos.
Bonilla mencionó que en el caso estarían involucradas al menos 90 empresas registradas entre Baja California y la Ciudad de México, 40 de ellas con facturas falsas.
Por su parte, la Auditoría Estatal también presentó una denuncia el 2 de mayo de 2020 ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General, pero por 1,586 millones de pesos que presuntamente se habían utilizado para el pago de diversas asesorías que nunca se impartieron.
Dicha denuncia fue presentada días antes de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearan una de las casas de Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid.
En aquel entonces no se especificó el motivo del cateo, ya que además de las dos denuncias interpuestas hacia Vega de Lamadrid, había una adicional en contra de Brenda Ruacho de Vega, esposa del exgobernador, por un presunto desvío de recursos que habría beneficiado al CRIT de Tijuana.
Ante tal situación, Brenda Ruacho llegó a un acuerdo con las autoridades estatales en abril de 2021 para no pisar la cárcel.
De acuerdo con Amador Rodríguez Lozano, el entonces secretario general de gobierno, la también exdirectora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) devolvería al gobierno 6.8 millones de pesos presuntamente “robados”.
El acuerdo reparatorio solicitado al Ministerio Público fue autorizado por el entonces gobernador Jaime Bonilla.
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