La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este miércoles que están “valorando” los casos de agresores que cambian de género y buscan después recursos contra la violencia machista.
“Se está valorando, estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría. Tenemos que valorarlo, tenemos que estudiarlo, pero desde luego cuando tengamos una respuesta y además técnicamente por escrito, la facilitaremos a la Comunidad de Madrid”, ha señalado Redondo en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha dicho que “no es fácil” y que “técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad”. En esta línea, ha informado que los técnicos están “ahora mismo” haciendo un estudio “técnico-jurídico”, para dar con una solución y “una respuesta firme, fiable y desde luego dentro de la ley”.
En concreto, la Comunidad de Madrid ha alertado al Ministerio de Igualdad este miércoles de que están detectando casos de presuntos agresores que buscan acceder a recursos para la atención contra la violencia de género después de haber cambiado registralmente de sexo en virtud de la Ley Trans estatal.
Según explica la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, a la titular del Ministerio, Ana Redondo, en una carta adelantada por el diario ‘El Mundo’ y a la que ha tenido acceso Europa Press, desde los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid se ha transmitido “preocupación” al comprobar “la petición de ayuda de personas que, habiendo realizado el cambio registral de sexo, siendo ahora femenino”, figuran en el sistema VioGén como agresores cuando su sexo era masculino.
Dávila también ha advertido de que “alguna de las víctimas de violencia está siendo atendida en el mismo punto municipal al que pretende acceder su agresor”, una circunstancia, subraya, que “pone en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales”, además de poner “en riesgo” el propio sistema de protección, recalca.
Tras advertir a la ministra de que la Ley 4/2023, conocida como Ley Trans aprobada por el Gobierno de España “no resuelve las cuestiones suscitadas”, le solicita que “indique la forma de proceder en los casos descritos” para que “no se ponga en peligro la integridad de las víctimas de violencia” y, además d “evitar la discriminación”, se tienda a “fomentar la igualdad de oportunidades en cualquier ámbito” de la sociedad.
“AL MENOS TRES CASOS”
Fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press confirman que en los últimos meses se han detectado “al menos tres casos” de presuntos agresores de mujeres que, estando registrados en el sistema de seguimiento VioGén, han modificado su sexo en virtud de la nueva Ley Trans y han solicitado acceder a un punto de atención a mujeres víctima de violencia.
Aunque recalcan que “ninguna de las tres peticiones ha tenido que ser atendidas por el momento”, reconocen que estas situaciones “están causando estrés y ansiedad en algunas trabajadoras”, que temen posibles agresiones, explican.
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