El 2022 comenzó con el conocimiento de varios hechos que ahondaron la crisis social, política y pública que se vive en el departamento de Arauca. Desde el pasado 2 de enero, fecha en que ocurrieron fuertes combates entre grupos armados ilegales y que dejaron un saldo en negro de al menos 27 personas muertas; motivo por el cual tanto entidades estatales como organizaciones no gubernamentales prendieron sus alarmas por la grave situación presentada en este departamento que limita con Venezuela.
Precisamente, además de carteras como el Ministerio de Defensa y la Defensoría del Pueblo, oenegés como Human Rights Watch no despegan sus ojos de la lupa que sigue estos hechos y lo que ha ocurrido después de esta escalada iniciada a inicios de año, emitiendo constantemente emiten señales de alerta a través de la División para las Américas de esta organización.
Una de esas voces de preocupación la emitió, en la mañana de este lunes, Juan Pappier, investigador sénior de aquella División de HRW y quien se ha encargado de documentar la situación que sufre Arauca desde hace varios años. Desde su cuenta de Twitter, manifestó que las tareas de monitoreo continúan tanto en este departamento como en el estado colindante de Apure (Venezuela).
De acuerdo a la información recopilada, Pappier advierte que han muerto 30 personas en hechos violentos; sumado a eso, indican que hay registros de aproximadamente 400 casos de desplazamiento interno “y más de 60 personas que han llegado a Arauca desde el Estado Apure”.
Vale mencionar que esta no es la primera vez que desde esta organización se emite una señal de alarma sobre lo ocurrido en Arauca. En enero de 2020 elaboraron un informe desde el territorio y a través de 105 testimonios realizados a líderes sociales, comunitarios, víctimas de la violencia en esa zona y periodistas, e cual arrojó como gran conclusión que dos grandes grupos ilegales controlan la población mediante amenazas, reclutamiento forzado y homicidios: el ELN y el Frente Décimo ‘Martín Villa’, surgido tras la desmovilización de las extintas Farc por el Acuerdo de Paz.
Dichas estructuras mantienen su hegemonía tanto en Arauca como en Apure; incluso, el mismo Pappier señaló en diálogo con El Espectador que actualmente existe una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente 10 de las disidencias, el cual se centra en un “trato de no enfrentamiento” y cuyas reuniones son realizadas en Venezuela.
“Lo que hemos sabido es que en los últimos años esta relación se ha ido debilitando por distintos motivos”, añadió a aquel medio el investigador, y precisando además que una de esas razones tiene que ver con el control del negocio del narcotráfico, hecho que no es nuevo, pues Arauca se suma a otras regiones como Nariño y Norte de Santander con presencia no solo de cultivos ilícitos, sino también de laboratorios de procesamiento de cocaína.
Por otra parte, colectivos como la Fundación Joel Sierra emitió en las últimas horas una alerta temprana por el riesgo que corren varios proyectos comunitarios en esta zona, alertando además que fue atacada con explosivos la sede de la Empresa Comunitaria de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Saravena, a 200 metros del cordón de la Policía en el municipio y sin que hubiera una reacción oportuna por parte de los uniformados.
“En varias ocasiones este proyecto ha sido estigmatizado y perseguido por el Estado colombiano. Como consecuencia, varios de sus integrantes fueron asesinados en 2003 y 2004, así como otros tantos fueron judicializados”, detalla la oenegé en su comunicación, describiendo además que han sido blanco de ataques por parte de grupos ilegales.
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