Hoy vence el plazo para que el Ejecutivo observe o promulgue la ley de lesa humanidad

Hoy, la presidenta Dina Boluarte debe tomar una decisión importante sobre dos polémicas autógrafas de ley aprobadas recientemente por el Congreso de la República.

Entre ellas, la ley sobre delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que llegó al Despacho Presidencial el 8 de julio, estableciendo que ningún hecho ocurrido antes del 1 de julio de 2002 podrá ser procesado como tal. Pues, según esta norma, cualquier procesamiento basado en hechos anteriores a esta fecha se consideraría nulo y sin validez.

Ante ello, diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación, argumentando que esta ley podría fomentar la impunidad y obstaculizar investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), periodo que dejó miles de víctimas, la gran mayoría de sectores quechuahablantes, campesinos y pobres, cuyos derechos han sido históricamente ignorados.

¿Qué consecuencias traería la promulgación de esta ley?

La Fiscalía ha señalado que la nueva ley tendría un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos, incluyendo investigaciones y procesos judiciales que podrían ser archivados o culminados penalmente debido a la prescripción.

En ese contexto, Alberto Fujimori, cuyo régimen se desarrolló en el país de 1990 a 2000 y fue condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, sería uno de los principales beneficiarios de esta ley, impulsada por el partido Fuerza Popular (FP), liderado por Keiko Fujimori, hija del exdictador.

Además, serían favorecidos militares retirados acusados o condenados por crímenes en dicha época, así como exmiembros de Sendero Luminoso (PCP-SL), organización subversiva y terrorista, y exintegrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El político y militar retirado Daniel Urresti Elera, acusado de violación sexual en agravio de Ysabel Rodríguez Chipana y del asesinato del periodista Hugo Bustíos, también podría beneficiarse de esta ley y ser liberado. Lo mismo sucedería con el operador político Vladimiro Montesinos, condenado por el asesinato de la suboficial y agente de inteligencia Mariela Barreto Riofano, entre otros cargos.

¿Qué casos emblemáticos podrían prescribir?

A pesar de las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) —organismos internacionales que han condenado la aprobación de esta ley y que señalan que está en abierto desacato a lo dispuesto por la Corte IDH)—, la jefa de Estado deberá decidir sobre esta ley antes del final del día de hoy.

Su decisión será crucial para determinar el futuro de la justicia en relación con graves crímenes. Entre estos crímenes se incluyen: Chuschi, la matanza de El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, La Cantuta, El Santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cedruyo, Madre Mía, Universidad del Centro, Putis, Sobres Bomba, Esterilizaciones Forzadas, Castro Castro, Accomarca y Galván Borja.

¿Qué otras leyes polémicas están en espera de ser aprobadas?

Asimismo, en agenda, se encuentra la promulgación de la autógrafa de ley de crimen organizado, cuyo plazo vence el 2 de agosto. Esta norma modifica la definición de organización criminal y establece nuevas reglas para los allanamientos, que, de acuerdo a especialistas en la materia, debilita la lucha contra el crimen organizado y podrían fomentar la impunidad.

La propuesta, impulsada por el congresista Américo Gonza y respaldada por Perú Libre, limita las facultades del Ministerio Público, dispone que los allanamientos se realicen con la presencia del involucrado y su abogado, lo que podría dificultar la obtención de pruebas y la persecución de delitos, y establece una nueva definición de organización criminal.

Exactamente, solo a grupos con estructura compleja, compuestos por tres o más personas, que cometan delitos graves sancionados con penas superiores a seis años de cárcel, y excluye delitos como tráfico de órganos, estafa agravada y tortura simple.