Hong Kong, 28 may. Las autoridades de Hong Kong desmintieron el sábado por la noche la denuncia realizada por Amnistía Internacional, en la cual se afirmaba que un estudiante uigur desapareció sin dejar rastro después de ser interrogado en el aeropuerto hongkonés.
Según los registros gubernamentales, se alega que el estudiante universitario no ha ingresado ni se le ha negado la entrada al territorio semiautónomo.
Amnistía Internacional denunció el pasado viernes que Abuduwaili Abudureheman, originario de la región de Xinjiang en el oeste de China, se trasladó al centro financiero el 10 de mayo desde Corea del Sur, donde estaba cursando estudios de doctorado, para visitar a un amigo.
Desde que envió un mensaje a un amigo informándole sobre su interrogatorio tras su llegada, no se ha sabido nada más sobre su paradero.
“Preocupa profundamente no saber qué suerte ha corrido, teniendo en cuenta el historial de crímenes de lesa humanidad cometidos contra uigures por el Gobierno chino en Xinjiang, y su persecución constante del colectivo que viaja al extranjero”, declaró Alkan Akad, investigador de Amnistía Internacional especializado en China.
El investigador instó a las autoridades de Hong Kong a revelar urgentemente el paradero de Abudureheman, ya que se considera que “corre un grave peligro de tortura debido a su etnia y religión”, y que, “si está detenido, deben proporcionarle acceso a un abogado y a sus familiares, y protegerlo contra cualquier maltrato”.
En respuesta a la denuncia, el Gobierno hongkonés condenó enérgicamente a Amnistía Internacional a través de un comunicado, y consideró los comentarios como “infundados y carentes de fundamento”, a la vez que señaló que se trata “de un intento de desprestigiar al Ejecutivo”.
“Los registros demuestran que esta persona no ha ingresado ni se le ha negado la entrada a Hong Kong”, rezaba el mencionado documento, el cual aclara que “la organización ha atacado deliberadamente a las autoridades hongkonesas y ha calumniado la situación de los derechos humanos en Hong Kong sin verificar los hechos”.
Por ello, el gobierno exigió una disculpa por parte de Amnistía Internacional.
Según algunos informes de las Naciones Unidas y de grupos de defensa de los derechos humanos, más de un millón de uigures y miembros de otros grupos mayoritariamente musulmanes se encuentran detenidos en campos de concentración en los que, según estas organizaciones, han sido torturados, agredidos sexualmente y obligados a abandonar su lengua y su religión.
China niega categóricamente que en Xinjiang, que cuenta con una superficie superior a la de Perú y con una población de unos 25 millones de habitantes, existan trabajos forzados o centros de internamiento o que se opriman las prácticas religiosas, y considera las informaciones en ese sentido como “acusaciones sin ningún fundamento” que “indignan” a la población de la zona. EFE
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