Desde los primeros días de 2023 se prendieron las alarmas por las condiciones en las que sobreviven integrantes de la comunidad nukak maku en San José de Guaviare y la presunta violación a los derechos de los menores de edad en esta zona del país.
Distintos organismos de control y sectores se pronunciaron, uno de estos, la Procuraduría General de la Nación, que fue hasta la capital del departamento del Guaviare para hacer una inspección y registro diferentes problemáticas.
El Ministerio Público puso en alerta a las autoridades y exigió al Gobierno nacional hacer un esfuerzo institucional para atender las necesidades del municipio categoría 6.
Entre el panorama que fue socializado por Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, se advirtió que tras visitar la comunidad indígena y escucharla se encontró: falta de recursos como agua potable y alimentos, problemas de salubridad y drogadicción, sumado a la prostitución y una infancia desatendida: en promedio, al menos había 60 menores en pésimas condiciones.
La situación no puede ser atendida de forma local porque el municipio no tiene los recursos suficientes debido a que es un municipio categoría 6, lo que quiere decir, que es una zona con población igual o inferior a 10 mil habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a 15 mil salarios mínimos legales mensuales. Por lo que el funcionario señaló:
“San José del Guaviare es un municipio de sexta categoría, por lo que no tiene cómo dar una solución de fondo a lo que estamos evidenciando. Por tal motivo, le hacemos un llamado al Gobierno nacional para que venga al territorio, atienda a esta población y empiece a solucionar todos los inconvenientes que se encuentran más que identificados.”
A lo anterior se le suma que la comunidad, hasta hace unos años, vivía en la selva entre el Guaviare e Inírida, pero que tuvo que desplazarse a las ciudades por la violencia de la zona; y que actualmente carece de oportunidades debido a que para subsistir dependían de la caza y no saben otras formas de subsistencia.
“Son una comunidad cazadora y no cuentan con acceso a los alimentos, esto ha generado enfrentamientos con colonos de predios colindantes para acceder a alimentos, por falta de acceso a los mismos”, anotó Sarmiento; y agregó que asimismo ha impulsado otras problemáticas como la prostitución y la drogadicción, la cual ha creado un escándalo a nivel nacional por el registro que hizo Gerardo Reyes para Univisión, donde mostró casos de embarazo infantil y violencia sexual.
En cuanto a uno de los casos de violación colectiva presuntamente perpetrado por militares a una menor de 15 años, en la Procuraduría se encuentra el registro y los testimonios que muestran dos versiones de los hechos. Por un lado, existe un testimonio de un militar que apoya la denuncia de violación, señalando que:
“Le fue a decir a otro compañero que arriba andaba una guajiba y que subiera para que se la comiera, pero el compañero dijo que él no iba a subir, que él no se metía en esos problemas; de ahí se fueron como 6 y los 6 andan ahí metidos”, según los registró del organismo investigador.
Por otro, la versión de los acusados se basa en que las relaciones que sostuvieron con la menor de edad fue con consentimiento: “Esa misma noche, allá arriba la cogieron y la metieron en un matorral que está al frente de la guardia y luego fue que ahí, al otro día, empezaron los rumores… Yo solamente vi una vez a la peladita, una vez que salí a llamar a las 19:00 horas y se quedaba como hasta las 3:00 a. m.”, se lee en una de las declaraciones.
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