Los habitantes de los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo y Orito, en Putumayo, se encuentran en alerta luego de que, en los últimos días, comenzaran a circular dos panfletos de la incursión de la ‘Columna Móvil Jhonier Toro Arenas de las disidencias de las Farc’.
En ambos documentos los grupos armados, que se autodenominan ‘Columna Móvil Jhonier Toro Arenas de las Farc-EP’ y la ‘Constru’, señalan que su ‘política militar’ es atacar a quienes atenten contra los derechos y la vida de los habitantes del Bajo Putumayo, por lo que advierten a la comunidad de no seguir las órdenes de otros grupos criminales.
Por lo anterior, en uno de los panfletos -conocidos por RCN Radio- los grupos armados prohíben a los habitantes de esos tres municipios del Bajo Putumayo no movilizarse por las zonas rurales entre las 6 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente.
Aunque las autoridades no se han pronunciado todavía al respecto, en diálogo con RCN Radio, la Red de Derechos Humanos del Putumayo indicó que se ha registrado un aumento del desplazamiento forzado en ciertos municipios del departamento como Puerto Leguízamo.
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“Es indignante que las acciones desmedidas de los grupos armados presentes en la zona, se sigan desarrollando con los mismos patrones de comportamiento acciones de violencia, terror y temor contra los habitantes de la región, en zonas donde la presencia de fuerza pública según sus propios reportes es alta, pero hasta el momento no existen acciones de respuesta que permita proteger a los habitantes, comportamiento que se persiste al igual que las acciones de los actores armados ilegales”, señaló la entidad a la emisora.
Cabe resaltar que, de acuerdo con la información obtenida por la cadena radial, el departamento del Putumayo no sería el único que se estaría viendo afectado por la incursión de grupos armados ilegales pues, incluso, en el corregimiento Jardines de Sucumbíos del municipio de Ipiales, en Nariño, se estarían difundiendo dichos panfletos.
La existencia de los panfletos se da a conocer luego de que el pasado 14 de junio la revista Semana publicara un informe entregado por la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República donde denunciaron las graves consecuencias que estaba generando la presencia de las disidencias de las Farc en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo.
En el documento, la Defensoría advirtió el peligro al que se están enfrentando los habitantes de la zona por el “alto nivel de estigmatización y amenazas a autoridades étnicas, líderes, lideresas, defensores de derechos humanos, colectivos y organizaciones, quienes, a juicio de los actores armados ilegales con operación en la zona, se consideren informantes, simpatizantes o adeptos al bando enemigo, o a la Fuerza Pública”.
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En la denuncia, la entidad también prendió las alarmas por el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados a través de prácticas que atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, como el ofrecimiento de dinero. De acuerdo con la Defensoría, entre los grupos que se encuentran en la zona está el autodenominado ‘Comandos de la Frontera’.
“Su conducta en escenarios territoriales colindantes da cuenta de invitaciones a los jóvenes a través de pagos de dinero a que se sumen en actividades no solo de vigilancia, corroborándose el uso y utilización de los mismos en hechos ilegales”, señaló la Defensoría sobre dicho grupo armado ilegal.
Ante el panorama, la entidad dejó constancia que, para esa fecha, un gran número de habitantes de Puerto Leguízamo han tenido que confinarse debido a la presencia de grupos armados ilegales en el municipio, además de tener que acogerse a restricciones de movilidad.
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