Luego de la solicitud por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado sexto Penal Municipal de Barranquilla impuso casa por cárcel a seis funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) señalados por presuntos vínculos criminales.
El caso que se conoció en el mes de septiembre por la emisora W Radio, cuando fueron capturados los guardias de la cárcel Modelo, de Barranquilla.
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De acuerdo con la información brindada por el ente investigador, los funcionarios habrían beneficiado a internos entre 2021 y 2022. Según la acusación, en ese período los guardias del Inpec conformaron lo que describen como una “sociedad criminal”.
Por esa actividad, los funcionarios públicos de La Modelo obtuvieron cerca de 300 millones de pesos, producto de los sobornos a reclusos del patio 2 del centro penitenciario.
De esta manera, los guardias se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, enriquecimiento ilícito, y prevaricato por omisión, por los hechos cometidos.
Las investigación de los funcionarios se inició tras las denuncias de dos reclusos que afirmaron que los funcionarios del Inpec les solicitaban dinero a cambio de diversos favores, que iban desde el acceso a habitaciones, hasta la posibilidad de mantener elementos de aseo y, aún más alarmante, permitirles el ingreso de armas y drogas.
El fiscal a cargo del caso informó que estos funcionarios “eran responsables de permitir que las extorsiones ocurrieran, registrándolas mientras ejercían labores de vigilancia en los patios y obstaculizando las quejas de los internos cuando asumían tareas administrativas”.
Además de los cargos imputados, los acusados habrían obstruido activamente cualquier investigación en su contra. Se alega que trasladaron a los reclusos que denunciaron estas actividades ilícitas y los amenazaron de muerte para forzarlos a cambiar sus testimonios.
En una audiencia pública celebrada el 12 de octubre ninguno de los acusados se declaró culpable durante la audiencia de imputación de cargos.
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía, que logró la captura de los seis funcionarios del Inpec. Los nombres de los acusados son: Luis Yobani Tovar Ardila, Octavio Márquez Segura, Mauricio Alejandro Acosta Acosta, Álvaro Iván Díaz Cañas, Harold Iván Ramos Bastidas y Darwin Manuel Fernández Salcedo.
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