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Por Lawrence Hurley
WASHINGTON, 10 feb (Reuters) – Grupos de derechos civiles pidieron el jueves al gobierno del presidente Joe Biden que repudie decisiones centenarias de la Corte Suprema cargadas con lenguaje racista, que autorizaban al gobierno a tratar a quienes viven en Puerto Rico y otros territorios de ultramar de forma diferente a los demás estadounidenses.
Los 13 grupos, liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles, dijeron en una carta al Fiscal General Merrick Garland que el Departamento de Justicia debería condenar públicamente una serie de sentencias de principios del Siglo XX denominadas los Casos Insulares.
Los activistas apuntaron a un decreto de Biden de enero de 2021 en el que se comprometía a promover la equidad racial. Otros grupos que firmaron la carta fueron el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley y la Federación Hispana, un grupo de defensa de los latinos.
Las sentencias, que comenzaron en 1901, se produjeron a raíz de la adquisición de territorios de ultramar tras la guerra hispano-estadounidense de 1898 y establecieron que los puertorriqueños y quienes viven en algunos otros territorios de Estados Unidos no poseen los mismos derechos en virtud de la Constitución que las personas que viven en los estados del país.
Un juez de la Corte Suprema se refirió entonces a territorios “habitados por razas extranjeras” y otro respaldó la idea de que Estados Unidos puede apoderarse de “una isla desconocida, poblada por una raza incivilizada” sin conferir la ciudadanía.
La carta de los activistas decía que la “continua adhesión del Departamento de Justicia a los Casos Insulares no puede reconciliarse con la promesa de este gobierno de promover afirmativamente la equidad y la justicia racial”.
Los activistas dijeron que se vieron impulsados a escribir la carta por el enfoque del Departamento de Justicia durante un argumento oral de la Corte Suprema en noviembre sobre si el Congreso puede prohibir que los puertorriqueños sea beneficiados por el programa federal de Seguridad de Ingreso Suplementario (SIS), que ayuda a personas mayores de bajos ingresos, ciegos y discapacitados.
Durante el argumento, el juez Neil Gorsuch preguntó específicamente al Subprocurador General Curtis Gannon, que representa al gobierno, sobre su posición en los casos. “¿Por qué no deberíamos admitir que los Casos Insulares se decidieron incorrectamente?”.
Gannon respondió que aunque el “razonamiento y la retórica allí es obviamente anatema”, la Corte Suprema no necesitaba referirse a los casos para decidir sobre los beneficios del SIS, perdiendo así una oportunidad de criticarlos, dijeron los activistas.
Alejandro Ortiz, abogado de la ACLU, dijo que sería una “victoria fácil” para el Gobierno de Biden condenar los Casos Insulares porque ahora hay consenso en que se basaron en un razonamiento racista.
“Este es un ejemplo fácil de racismo sistémico, donde el racismo se ha incorporado a la forma en que el gobierno federal trata a las personas que viven en los territorios, que son en su inmensa mayoría personas de color”, añadió Ortiz.
Hay cinco territorios de ultramar estadounidenses, entre ellos Samoa Americana, Guam, las Islas Vírgenes y las Islas Marianas del Norte. Puerto Rico es, por mucho, el más poblado, con unos 3 millones de habitantes. Muchos puertorriqueños se han quejado durante largo tiempo de que los residentes de la isla caribeña reciben un trato peor que el resto de los estadounidenses, pese a que son ciudadanos. (Reporte de Lawrence Hurley; Editado en Español por Ricardo Figueroa)
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