En una dura carta, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le pidió por carta a la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont, que revea y revoque el dictamen dispone un fuerte aumento de la valuación de bienes inmuebles en la Ciudad que integran la base imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales.
Según Larreta, el pedido se sostiene en que la decisión del Gobierno nacional es ilegítima, discriminatoria y atenta contra la seguridad jurídica.
El alcalde porteño denunció discriminación porque “sólo afecta las valuaciones de inmuebles de la Ciudad, elevándolas casi 10 veces más que al resto de las jurisdicciones. Mientras que el valor fiscal de los inmuebles de todas las jurisdicciones correspondiente al período fiscal 2021 crece interanualmente 51,4% (IPC), los inmuebles de la Ciudad verán incrementarse su valuación en un 505,6%”.
Además, la carta detalla que el dictamen (1/22) es ilegítimo porque desconoce lo definido en el Código Fiscal de la Ciudad y vulnera lo dispuesto en la Ley 27.480 que establece que hasta que no se determinen los procedimientos y metodologías en materia de valuaciones fiscales a nivel nacional, las valuaciones para el Impuesto sobre los Bienes Personales serán las vigentes al 31 de diciembre de 2017, actualizadas por la variación del Índice de Precios al Consumidor nivel general (IPC).
“Luego de la quita de la Coparticipación y de la búsqueda de la suba del transporte público mediante la quita del subsidio, el Gobierno nacional pretende ahora cuadriplicar el valor de los inmuebles para que aquellos contribuyentes que tengan una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires paguen por este impuesto lo que no abonan los que viven en otras provincias, violando claramente los principios constitucionales de igualdad, equidad y capacidad contributiva”, detallaron desde el gobierno porteño.
“En tercer lugar, según Larreta, el dictamen atenta contra la seguridad jurídica porque modifica el valor de las valuaciones correspondientes al 31 de diciembre del año anterior e incluso períodos anteriores en caso de falta de presentación o pago del tributo, desconociéndose así que el hecho imponible ya se devengó con anterioridad y en ese momento quedó fijado el marco legal e interpretativo que cuantifican a la obligación tributaria correspondiente”, señaló la carta.
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