El 3 de agosto, el Estado de Emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa fue prorrogado por 30 días más a través del Decreto Supremo Nº 078-2024-PCM, disponiendo la quinta extensión de esta medida en lo que va del año.
Este corredor es crucial para proyectos mineros conocidos como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), los cuales presentan antecedentes de reclamos vinculados a problemas de contaminación por parte de las comunidades que viven al pie de dichas unidades mineras.
La extensión del Estado de Emergencia se establece como una medida esencial para “mantener y restablecer el orden interno” y salvaguardar los derechos constitucionales ante posibles actos violentos. En ese marco, dirigentes de las comunidades se han pronunciado, entre ellas Elsa Merma, de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana de Espinar.
Merma señala que esta situación hace que los ciudadanos se sientan constantemente vigilados por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y en condiciones de desamparo, especialmente en áreas cercanas a las minas, donde la pobreza y la contaminación son severas, advierte.
“Que el gobierno de Dina Boluarte solo prioriza los proyectos mineros, como Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros en Cusco y Apurímac, ignorando las necesidades y demandas de la población que estamos afectados, no hay capacidad para solucionar por ello amplía el Estado de Emergencia (…) parecería que estamos secuestrados y bajo constante vigilancia del Estado y la minería. Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas”, aseveró en entrevista con el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
Asimismo, resalta que esta medida restringe varios derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y reunión, generando un ambiente de temor y represión.
Pues, considera que, el Gobierno en lugar de abordar las causas de la violencia, esta medida parece enfocarse en controlar a la población, sin atender adecuadamente las necesidades y demandas básicas de las comunidades afectadas. “Es urgente reorganizarnos para responder a estas medidas que amenazan nuestros derechos de las comunidades originarias y revisar el impacto del corredor minero y la presencia policial y militar, que solo ha incrementado la inseguridad y el temor”.
Medida es ineficaz para resolver conflictos sociales en la zona
Yovana Mamani, coordinadora del programa Sur Andino de la ONG CooperAcción, opina que la medida ha pasado de ser una excepción a una medida permanente e ineficaz para resolver los conflictos en la zona.
“Cuestionamos esta decisión por parte del Estado, pues ha dejado de ser excepcional y se ha convertido en una medida permanente que, además, ha resultado ser ineficaz para mediar los conflictos de la zona, los cuales se mantienen como una medida para viabilizar el funcionamiento de la empresa minera, sin dar respuesta al malestar de la población, su disconformidad por el limitado acceso y transparencia de información y el incumplimiento de los compromisos por parte de las empresas mineras”, criticó.
¿Qué empresas operan en el corredor?
En el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, Perú, operan varias empresas mineras. Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del mundo, es gestionada por MMG Limited de Australia y se encuentra en Apurímac.
Por otro lado, Hudbay Minerals, empresa canadiense, opera la mina Constancia en Cusco. Asimismo, Antapaccay, también en Cusco, es administrada por Glencore.
Todas estas minas han enfrentado reclamos de la población debido a sus impactos en el ambiente y a promesas de desarrollo incumplidas. Además, existen varios proyectos mineros en desarrollo y exploración en la región, los cuales también provocan tensiones por sus posibles daños ambientales, el uso del agua y la falta de consulta con las comunidades.
La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 244, que en junio de 2024 registró 212 conflictos sociales, de los cuales 164 están activos y 48 latentes.
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