El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, defendió este miércoles el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y destacó la necesidad de generar “controles y contrapesos” en el organismo que, hasta el 31 de diciembre, conducirá Alejandra Gils Carbó.
En relación a la “acumulación de poder enorme y muy fuerte” que posee el Ministerio Público y la figura del procurador general, el funcionario señaló que hay que generar “mecanismos de controles y contrapesos” en la Procuración.
“La reforma más significativa de este proyecto tiene que ver con el mandato del procurador”, sostuvo, al tiempo que explicó que las modificaciones que se han realizado en varias provincias y otros países establecen que el procurador tiene que tener un plazo más corto.
Durante su discurso, explicó hoy que “al haber un período más corto” de duración en ese cargo “se requieren mayorías más ágiles” en el Congreso para su designación.
Garavano respondió así a las dos críticas medulares del proyecto impulsado por Cambiemos: la reducción del mandato actualmente vitalicio del procurador a cinco años (y una posible reelección por otros dos períodos) y el establecimiento de una mayoría simple para su nombramiento o remoción, en lugar de los dos tercios que se requieren en la actualidad.
“La experiencia nacional e internacional genera fuerte consenso sobre la necesidad de que el procurador tenga un plazo”, afirmó el ministro ante la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y mencionó que así se ha fijado “en Salta, Santa Fe, Chubut” y “lo mismo sucede en Chile, Colombia, Peru, Guatemala”.
En este sentido, argumentó que “al haber un período más corto, de cinco o siete años, se requiere de mayorías más ágiles” para su designación en el Congreso.
Por otra parte, Garavano defendió el nuevo mecanismo de remoción que propone el proyecto, que reemplaza el juicio político para el que se requiere una mayoría de dos tercios por una decisión del Poder Ejecutivo o de la Cámara de Diputados con acuerdo del Senado por mayoría de la mitad más uno.
El funcionario nacional consideró que “solo la Constitución puede disponer el juicio político y no una ley”, tras apoyarse en el fallo del juez Pablo Cayssials que declaró “inconstitucional” el procedimiento del juicio político para remover al procurador.
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FUENTE: INFOBAE NOTICIAS
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