Durante la posesión de Elizabeth Becerra Cornejo como nueva magistrada de la sección segunda del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro no descartó que el país también adapte la propuesta del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, que consiste en que los jueces sean elegidos por voto popular.
“México lo ha sentido tanto que ya lo propuso: la elección popular de jueces. No sé si es el camino. Eso no pasa porque sí, pasa porque el pueblo ve que el deseo de cambio no lo permiten las doctrinas jurídicas, las cuales deben fluir con la vida. Las instituciones no son estáticas”, indicó el primer mandatario.
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Las declaraciones del primer mandatario nacional han generado diferentes reacciones en el país. El magistrado Hermes Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia, rechazó la propuesta del jefe de Estado colombiano, al considerar que, de adaptarse esta estrategia en el país, sería un paso hacia el absolutismo y significaría un retroceso en la historia.
“La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia rechaza categóricamente las declaraciones del señor presidente de la república, Gustavo Petro, sobre la elección popular de jueces en Colombia, al considerarla una amenaza para la democracia del país. La separación de poderes es fundamental para garantizar la democracia, proteger los derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de sus deberes y los del Estado”, expresó el funcionario en un comunicado.
Por su parte, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) también manifestó su desacuerdo con lo mencionado por el presidente Gustavo Petro de elegir jueces por voto popular. “La CEJ manifiesta su rotundo desacuerdo con esta iniciativa, que compromete de manera grave la independencia judicial y la separación de poderes, pilares fundamentales del Estado Social de Derecho”, indicó la organización en un comunicado.
Agregaron que la elección de jueces por voto popular en Colombia “distraería a estos de su verdadero propósito: administrar justicia”, y afirmaron que los togados del país serían “sometidos a presiones indebidas y a actividades de carácter electoral, desvirtuando así su labor esencial”.
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