El mensaje del Gobierno nacional a diez jefes provinciales reunidos ayer en Puerto Iguazú buscó devolución política: se mantendrán los subsidios al transporte que recibirán las provincias este año, unos 46.000 millones de pesos según el cálculo original. Y el eco desde el PJ se hizo escuchar por boca de Jorge Capitanich: respaldó la decisión de trasladar a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta el costo de los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires. Olivos se alegraba anoche con ese respaldo. Evaluación de microclima sobre una batalla módica, en términos presupuestarios, que privilegia una apuesta chica y desperdicia otra vez las chances de un acuerdo político frente a la crisis.
El Gobierno sigue tomado por sus internas y trata de jugar en las de la oposición. El gobernador chaqueño apuntó a un problema real y de arrastre: las “asimetrías” en el manejo de los subsidios al transporte, expresado en boletos de Capital y el GBA muy por debajo de los pasajes urbanos en el interior. Pero lo restringió a la Ciudad de Buenos Aires y no habló del área metropolitana. De lo contrario, estaría sugiriendo una poda de fondos que afectaría también a la provincia de Buenos Aires, territorio considerado propio e intocable por Cristina Fernández de Kirchner.
Ese fue uno de los resultados centrales del encuentro de funcionarios nacionales con los gobernadores del “Norte Grande”. Es un conjunto que integran mandatarios peronistas (Chaco, Formosa, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta), aliados del oficialismo nacional (Misiones y Santiago del Estero) y opositores (Jujuy y Corrientes). Y allí estuvo Juan Manzur junto a Gabriel Katopodis y Alexis Guerrera. Es decir, el jefe de gabinete, de buena relación con los jefes locales aunque sometido a la interna del gabinete; un ministro del denominado “albertismo” y otro de sello massista. También estuvo Eduardo “Wado” de Pedro. Todos.
Olivos juega una partida doble. Por un lado, los compromisos de restricciones que supone el entendimiento inicial con el FMI. Y por el otro, la necesidad de garantizar aval de los gobernadores frente a la fisura planteada por La Cámpora y otras vertientes kirchneristas, en rechazo de las tratativas con el Fondo. En ese terreno inestable, la nueva carga contra Rodríguez Larreta pretende vestir de equidad un ajuste que se expresará en una amplia suba de tarifas, comenzando por las de energía. Transporte es un capítulo.
El dato objetivo, al menos hasta ahora, es que el oficialismo no logra unificar una estrategia para tratar el acuerdo con el FMI, cuando llegue al Congreso. La renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de diputados suma en estas horas un cálculo inquietante que se hace circular desde el kirchnerismo duro: entre veinte y treinta legisladores rechazan el entendimiento que negocia Martín Guzmán y podrían expresarlo votando en contra o con el recurso de la abstención o la ausencia.
En rigor, el malestar con Guzmán es por la falta de información precisa o, peor, por no informar de manera abierta y cruda los alcances del entendimiento en marcha. El punto es además cómo será el texto definitivo. Hasta ahora, se conocen líneas generales: reducción gradual pero significativa del déficit, fuerte giro en política monetaria y ajuste de subsidios. Es curioso, porque el kirchnerismo espera conocer la “letra chica”, algo que también aguarda la oposición.
Frente a ese panorama, Olivos decidió moverse para lograr compromiso de los gobernadores. Espera que puedan alinear el mayor número posible de legisladores. Es un objetivo básico para volcar “mayoritariamente” el voto de las bancadas propias. El foco parece puesto en Diputados, pero es un interrogante qué ocurriría en el Senado. Allí, según la tradición, pesa más que en la Cámara baja la voz de los gobernadores, pero también imperan las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner.
Es probable, se evalúa en filas de la oposición, que el kirchnerismo busque evitar finalmente graves costos y apueste a despegarse, especulando con la aprobación de la mano de Juntos por el Cambio. En realidad, existía una expectativa previa: licuar aunque sea parcialmente el efecto de las fisuras internas en un contexto de fracturas también en la oposición. Eso -cómo plantarse frente a la tensión oficialista- es lo que venía discutiendo JxC. incluso con algunos cruces públicos.
La mesa nacional de JxC resolvió finalmente dar quórum cuando llegue al recinto de cada cámara el acuerdo con el FMI. Condicionó su respaldo a que no haya aumentos de impuestos. Pero en rigor, lo que se verá es cómo facilitar el trámite, es decir, votando o dejando votar.
Las encuestas que circulan en medios políticos hacen su parte. En general, hablan de fuerte consenso sobre la necesidad de llegar a un entendimiento con el FMI. Más que una lectura sobre las restricciones que impondría un ajuste, parece un efecto directo del temor, fundado, a la alternativa del deafult.
Frente a ese panorama, el Gobierno no actúa para facilitar un acuerdo político. Otra vez, desperdicia una oportunidad. Primero lo sugirió con un discurso que coloca toda la responsabilidad en la oposición, sin asumir nada propio. Un gesto dirigido también a la interna, que asomó como un primer test para la oposición. Ahora, como ocurrió en plena cuarentena -al clausurar la etapa de fotos “plurales” de gestión-, la carga pone en foco otra vez a Rodríguez Larreta.
La cuestión de los subsidios al transporte busca aliviar muy levemente la caja nacional y trasladar nuevos desembolsos a la Ciudad -una cifra que oscila en los 9.000 millones de pesos-, aunque ese no emergería como principal motor. Por el contrario, intentaría exponer “equidad” ante la propia platea -a esta altura, un objetivo con escasas posibilidades frente al malestar del kirchnerismo duro con Olivos- y a dividir aguas en el interior de JxC. Dicho de otra forma: trabajar sobre las diferencias entre Rodríguez Larreta y los gobernadores radicales.
Algo de eso surgió en la última reunión de la conducción opositora. Pero quedó margen para tratar de evitar nuevas asperezas y cruces domésticos. Se trataría de plantear el tema de los subsidios al transporte como un todo que incluye a la Ciudad y también a la provincia de Buenos Aires y, sobre todo, al GBA.
Por supuesto, hay más jugadores en esta cancha. Una posición diferenciada fue expuesta en estas horas por el peronista Juan Schiaretti. Reclama una ley nacional que contemple un reparto equitativo entre todas las provincias y el AMBA. Una señal -con lectura parlamentaria- del peronismo no alienado con el FdeT.
Todas cartas en una mesa que debería contemplar el contexto de profunda crisis económica y social. Una demanda para la política.
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