Túnez, 19 jul. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de “productivas” las discusiones con el Gobierno tunecino tras dos semanas de misión en el país para evaluar su programa de reformas económicas en vistas a conceder un nuevo préstamo, el tercero de la última década, que supondría importantes medidas de austeridad.
“Las autoridades avanzan con su agenda de reformas económicas para mantener la estabilidad macroeconómica, apoyar el crecimiento inclusivo y fortalecer las redes de seguridad social y la equidad fiscal”, señaló el responsable de la misión, Björn Rother, en un comunicado en el que adelantó que los encuentros continuarán durante las próximas semanas a la espera de la aprobación de la directiva del FMI.
Según la institución, la economía tunecina ha sufrido un gran impacto provocado por la guerra en Ucrania sumado a la crisis de la pandemia, lo que agrava sus “flaquezas estructurales” y “urge” estas medidas para reducir los desequilibrios de manera “socialmente sostenible”.
“Las perspectivas a corto plazo son desafiantes, ya que es probable que el crecimiento se desacelere mientras que los precios internacionales más altos de la energía y los alimentos se suman a una inflación ya alta y aumentan los déficits fiscal y externo y la deuda”, señaló el análisis.
En la reforma fiscal, los expertos defendieron la incorporación del sector informal y reforzar la contribución de las profesiones liberales mientras se amplia la cobertura social para compensar a la población con menos recursos y aliviar a la clase media ante la carestía de los precios.
Por otro lado, apuntó, es necesario revertir las pérdidas de las empresas públicas y contener el gasto público actual reduciendo el crecimiento de la masa salarial durante los próximos años y eliminando gradualmente los subsidios a la energía a través de aumentos regulares que se adapten al mercado mundial de hidrocarburos.
El equipo técnico instó a la comunidad internacional liberar la financiación de manera “rápida” con el fin de “asegurar” el éxito del programa del Ejecutivo, que incluye revisar a partir de 2023 las subvenciones de productos de primera necesidad y combustibles así como limitar el número de empleados públicos.
La poderosa central sindical UGTT, con la que también se reunió en los últimos días, convocó a mediados de junio una huelga general en el sector público y amenazó con una segunda jornada de movilizaciones para protestar contra la pérdida del poder adquisitivo de los tunecinos.
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