Nursultán, 14 mar Tomar el poder por la fuerza era el objetivo último de los disturbios masivos registrado a principios de enero pasado en Kazajistán, en los que murieron 230 personas, entre ellos civiles y también niños, declaró hoy el fiscal general de esta república centroasiática, Berik Asilov.
“El objetivo último (de los disturbios) era la toma del poder por la fuerza. (…) Todas las acciones estaban coordinadas. Era obviamente una acción planificada”, indicó ante la Mazhilis, la cámara baja del Parlamento kazajo, para informar sobre los resultados preliminares de la investigación sobre los sucesos de enero.
El fiscal general señaló que los sucesos de enero fueron de carácter diverso: la primera oleada consistió en concentraciones pacíficas, cuya celebración no fue impedida por las autoridades.
Posteriormente, entre los manifestantes se mezclaron extremistas de todo tipo que dieron a la protesta una orientación radical, que caracterizó la segunda ola.
A la tercera ola se unieron bandas criminales y comenzaron los desórdenes e incendios premeditados, según el fiscal.
“Los radicales armados aprovecharon este caos para lanzar ataques puntuales contra diferentes objetivos, es decir, vimos una fusión de extremismo, criminalidad y radicalismo religioso”, subrayó Asilov.
Aiman Umarova, jefa de la comisión de investigación Aqiqat (Verdad) sobre los disturbios de enero, abogada y activista pro derechos humanos, secundó las palabras del fiscal general.
“El detonante fue sin duda el aumento de los precios del gas en la región de Magnistau (en el oeste de Kazajistán), pero es difícil decir que únicamente los problemas socioeconómicos que se han agravado en los cinco últimos años fueron el verdadero motivo de los sucesos de enero”, dijo ante la Mazhilis.
En su opinión, el descontento de los ciudadanos kazajos era inevitable ante la inamovilidad del poder, el aumento de la corrupción y la concentración de recursos nacionales en un grupo determinado de personas.
Afirmó, asimismo, que los disturbios masivos habían sido planificados por agentes del Comité Nacional de Seguridad (KNB) y que habían sido preparados, además, durante al menos dos años.
Según Umarova, el objetivo de la actividad subversiva del KNB era desacreditar al presidente en funciones del país, Kasim-Yomart Tokáyev.
“El presidente prestó especial atención a los derechos humanos, lo que para el KNB, que tiene un poder ilimitado y mantiene a la gente aterrorizada, supuso empezar al perder el control sobre la situación”, dijo.
Por otra parte, la abogada considera que en los disturbios participaron grupos profesionalmente preparados que llegaron a Kazajistán del extranjero, como pudo comprobar personalmente, aseguró, en la plaza principal de Alma-Atá, cuando vio que entre los manifestantes el 5 de enero había muchos asiáticos que no hablaban ni kazajo ni ruso.
“Tenemos información que desde 2019 han ingresado en Kazajistán personas desde Afganistán con estatus determinado y cuyos datos en el pasaporte fueron recientemente revocados, después de los sucesos de enero”, explicó, y agregó que cree que ya han abandonado el país hacia Turquía y Europa.
En tanto, continúa la instrucción penal contra el presidente del KNB, Karim Masimov, por la supuesta implicación de este comité en la organización de los disturbios masivos.
“El exjefe del Comité Nacional de Seguridad y tres de sus adjuntos, así como otros dos jefes, se enfrentan a cargos por traición, intento de toma de poder, abuso de poder y por aceptar sobornos a gran escala. El exjefe del KNB y tres de sus adjuntos han sido arrestados”, indicó Asílov.
Para estos delitos el código penal prevé 17 años de prisión.
Otro de los adjuntos, Samat Abish, sobrino del expresidente kazajo Nursultán Nazarbáyev, fue destituido.
Ayer fue detenido otro sobrino de Nazarbáyev, Kairat Satibaldiuli, acusado no sólo de corrupción, sino también de otros delitos que atentan contra la seguridad del país. EFE
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