La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha informado al juez Manuel García Castellón de que no es partidaria de que se emitan órdenes de busca y captura contra los cuatro investigados por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista ‘Tsunami Democràtic’ que no acudieron a su citación de este miércoles al tiempo que pedido que su declaración se celebre por videoconferencia.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, ha emitido un informe en el que se muestra partidario de tratar de volver a fijar una nueva fecha para las declaraciones del exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; y el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra.
Las mismas fuentes detallan que, en su escrito, el Ministerio Público recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo permite celebrar las declaraciones por videoconferencia para asegurar de esta forma la práctica de la diligencia. El juez, sin embargo, se ha opuesto a esta petición por parte de los investigados, que solicitaron declarar desde el extranjero.
Ese fue el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que pidió hacerlo desde Suiza. Tanto su citación como la del empresario Oriol Soler fueron suspendidas ‘sine die’ por el mismo motivo: a sus respectivos abogados les coincidía la fecha con una cita previa en otro juzgado.
De hecho, este mismo jueves el juez ha dado 24 horas de plazo a las defensas de Rovira y Soler para que le comuniquen si están “en disposición de asistir en la fecha que pueda señalarse en la última semana del mes de mayo o la primera del mes de junio”.
EL ESTADO DE SALUD DE ALAY
Respecto al jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, el magistrado ha instado a su abogado, Gonzalo Boye, para que “informe sobre su estado de salud”. Cabe recordar que sus problemas médicos -se encuentra convaleciente tras sufrir un derrame cerebral_motivaron la suspensión de su declaración. El magistrado indica que, una vez “verificado” su estado, “se acordará lo que proceda”.
En cuanto al considerado tesorero de ‘Tsunami’ Jaume Cabani, las fuentes consultadas explican que el magistrado no pidió a la Fiscalía que se pronunciase para emitir orden de busca y captura en su contra porque la Audiencia Nacional todavía está pendiente de poder localizarle.
Tanto la respuesta de Fiscalía como las peticiones del magistrado llegan después de que el propio García Castellón interrogase este miércoles a la secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, investigada en la causa.
La citación de la dirigente de ERC fue la única que se hizo efectiva a pesar de que el juez llamó a declarar a sede judicial a Vendrell, Rodríguez Sellés, Campmajó y Cabani. Las defensas de los citados investigados solicitaron al magistrado la suspensión de sus declaraciones, un extremo que fue rechazado por el juez.
UN MOVIMIENTO PACÍFICO
En su declaración ante el instructor, Molina aseguró que ‘Tsunami Democràtic’ fue un movimiento pacífico que no incitó a la violencia y “mucho menos” a cometer actos terroristas.
Así lo confirmó su abogada, Marina Roig, en declaraciones a los medios desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona, explicando que en su declaración como investigada Molina ha asegurado que todos los mensajes que envió la plataforma independentista fueron “llamadas a la no violencia y a la desobediencia civil”.
Según su letrada, la dirigente de ERC insistió en que lo único que se alentó fue a una “movilización pacífica de la ciudadanía”. “Por tanto ha defendido que no fue un movimiento violento y mucho menos terrorista”, añadió, señalando que Molina detalló que “jamás ha emitido ningún comunicado o ningún mensaje invitando a la violencia”.
La abogada incidió en que Molina detalló además que los mensajes que se lanzaron en el otoño de 2019 –cuando se produjeron los disturbios que se atribuyen a ‘Tsunami’– “invitaban a la ciudadanía a una protesta pacífica en el marco de una estrategia no violenta”.
Todo ello en la causa en la que García Castellón investiga el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del ‘procés’ separatista catalán en octubre de 2019.
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