La Fiscalía de la Nación ha decidido archivar la investigación iniciada en el 2023 en contra de 193 ciudadanos peruanos de diferentes regiones del país que llegaron a Lima a fin de participar en las marchas suscitadas en contra del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esta investigación justificó la incursión de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde, sin presencia de la Fiscalía, con una tanqueta y sin autorización expresa ni ordenada, se dispuso el ingreso de 200 efectivos que tomaron por sorpresa a quienes pernoctaban en las inmediaciones de la puerta 3 de dicha ciudad universitaria.
La medida fue tomada en su momento como un acto irregular pues, al momento del operativo, los policías no solo intervinieron a ciudadanos que llegaron a la capital con la intención de ejercer su derecho a la protesta; sino que lo hicieron sin presencia de abogados, ni autoridades fiscales, ni mucho menos una disposición que ordene este allanamiento.
Para justificar este operativo, calificado por la Defensoría del Pueblo como “un acto de abuso de la fuerza y vulneratorio de los derechos de las personas” en su informe de mayo del 2023, se dispuso una investigación contra todos los detenidos el 18 de enero del 2023 por los delitos de usurpación agravada, daños y disturbios. Ahora, más de un año después, esta justificación con la que la PNP y otros altos mandos investigados por la poca claridad en la ejecución, se encuentra finalmente encarpetada.
El archivo de la investigación
La noticia se dio a conocer el pasado jueves 2 de mayo en una disposición elaborada por la fiscal Juana de Fátima Rosas Ruiz, perteneciente al quinto despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima. En su decisión, a la que Infobae Perú accedió, se resuelve “archivar la presente investigación en el modo y forma de ley, haciéndose presente a la parte denunciante, que de no encontrarse conforme con la presente disposición, podrá requerir a este despacho fiscal, dentro del quinto día de notificado para que se eleven los actuados al señor Fiscal Superior”
Asimismo, en la disposición final, Rosas Ruiz considera que “no procede formalizar y continuar investigación preparatoria por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en las modalidades de usurpación agravada, y daños en agravio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de disturbios en agravio de la misma, y el Ministerio del Interior”.
En su análisis del caso, la fiscal señala que si bien existieron una serie de hechos que “permitían colegir que, al menos habría existido cierta voluntad de generar disturbios”, estos hechos mínimos, no resultan suficientes para advertir la comisión de estos delitos; o para, al menos “hablar de un inicio de ejecución de la reseñada conducta delictiva”.
“Si bien todo se originó en una reunión tumultuaria; (…) al no haberse podido individualizar a los autores de la violencia ejercida sobre las rejas y candados de las puertas de la UNMSM, menos aún, contar con testigos directos de estos hechos; este despacho llega a la conclusión de que la investigación debe ser archivada en el caso de disturbios”, se lee en la disposición.
Investigación contra altos mandos por incursión a San Marcos sigue en pie
No obstante, la investigación por la que aún se encuentran pendientes las pesquisas es la iniciada en febrero del 2023 por la misma Fiscalía de la Nación en contra de los altos mandos de la Policía Nacional del Perú. Las pesquisas dieron inicio el 7 de febrero del 2023 y en su etapa preliminar comprendió una indagación por un periodo de 60 días.
En estas acciones se investiga a la PNP por los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales. Estas imputaciones estarían sustentadas también en un informe realizado por la Defensoría del Pueblo, en el que se detallan una serie de hallazgos durante la intervención de la PNP; entre ellos, agresiones contra mujeres embarazadas, niñas y niños, muchos de ellos, personas indígenas; además de estudiantes y personas mayores.
Entre ellos está la constatación de que “el operativo fue realizado sin la presencia de representantes del Ministerio Público”; así como la comisión de “inadecuados procedimientos de inmovilización y maltrato físico y psicológico hacia detenidos de procedencia indígena con ofensas de índole racista”; e incluso el uso de lo que es conocido como el ‘terruqueo’, pues incluso se supo que “algunos miembros de la PNP utilizaron sus redes sociales personales para difundir la intervención aseverando que detenían a terroristas”.
Informe de La Defensoría Sobre El Allanamiento de la PNP a la San Marcos by Laura Vásquez Benavente on Scribd
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