Fiscal General lanzó nuevas alertas sobre el Plan Nacional de Desarrollo: podría echar atrás decidiones judiciales

Este 21 de marzo fue radicado ante el Congreso de la República el informe de ponencia del Plan Nacional De Desarrollo 2022-2026: ‘Colombia, potencia mundial de la vida’ –PND-. Sin embargo, pasado un día ya se han conocido varios reparos en contra de algunos artículos que podrían general algunos problemas democráticos, en lo fiscal e incluso, en temas de contrataciones.

Entre las voces de crítica se encuentra la del fiscal general, Francisco Barbosa, que tiene fuertes reparos en específico con dos artículos, el 82 y el 83. De acuerdo con las advertencias que lanza el funcionario, esta propuesta podría hacer que varias personas relacionadas con crímenes de corrupción y problemas en contratación puedan salirse fácilmente el problema.

En este sentido es importante mencionar que ambos artículos están relacionados con temas financieros, en el cado del 82 señala que:

“Las Entidades Públicas podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las Entidades Públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos”, se lee en el documento.

De acuerdo con Barbosa, esta nueva figura que propone el Gobierno de Asociaciones Público-Populares podría abrir una puerta preocupante a los temas de corrupción y hasta justificación a personas que ya han sido o están siendo investigadas por este tipo de crímenes.

“Cuando apliquen normas de ese nivel, seguramente aparecerán retroactividades y corruptos que han sido condenados por esas conductas y van a decir: yo pertenezco a una organización social, y como pertenecí a ella me tienen que echar para atrás decisiones judiciales”, dijo el fiscal como lo citó El Tiempo.

Incluso, en días pasados antes de que comenzará el debate alrededor del proyecto, el funcionario del órgano judicial señaló que para él el proyecto en su conjunto podría definirse como: “los barriles de los cerdos, donde van a meter la mano, coger el presupuesto de forma directa y repartirse la plata de los colombianos”.

Esta bandera roja se le suma a la que dijo justamente la Contraloría General el día de ayer mediante un comunicado de prensa en el que señaló que este proceso es demasiado ambicioso y necesita un seguimiento y un presupuesto que no se tiene, ya que lo que aparece en el documento es insuficiente para poder solucionar problemas tan grandes y estructurales.

“No está formulado por sectores, sino por temas transversales orientados a cumplir el objetivo de hacer la transición hacia la paz total, lo cual implica que su análisis actual y posterior seguimiento son un poco más complejos”, señaló el órgano de control.

Sobre la estrategia de transformación productiva y la reindustrialización, contemplados en el PND, advirtió que se requiere un apoyo vigoroso de la inversión pública en investigación y desarrollo. La meta del proyecto de ley es elevar la inversión del 0,24% del PIB en 2020 al 0,5% del PIB en 2026: “Si bien es un crecimiento importante, luce insuficiente para apoyar un proceso de transformación y reindustrialización”, se lee en el comunicado público.

Recordemos que como lo mencionó en su momento, el Gobierno en este se plantea sentar las bases para la solución de problemas relacionados con el desarrollo social y el fortalecimiento de la economía a través de diversas iniciativas dentro de las que se contemplan grandes reformas como la agraria, de la salud, pensional, laboral y de justicia. Por ahora continúa la discusión en torno al documento en el Congreso.